El gobierno de Javier Milei ha oficializado el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La medida, que entró en vigor el pasado 1° de abril, ha generado polémica y el descontento de cientos de trabajadores que se han quedado sin empleo.

La decisión, plasmada en la Resolución 7/2024 publicada en el Boletín Oficial, ha sido firmada por los interventores designados por el Gobierno: Patricia Zulema Roldan, Alejandro Fabio Pereyra y Juan Martin Ozores. A partir de ahora, el Enacom solo tendrá presencia a nivel nacional, dejando sin atención y servicios a las provincias.

Sin embargo, la controversia no se queda solo en el cierre de las delegaciones, sino que el Gobierno ha militarizado dichas dependencias, impidiendo la entrada de los trabajadores que ahora forman parte de las listas de despidos. Más de 500 personas se han visto afectadas por esta medida, que ha generado gran incertidumbre y malestar en el sector.

Además del cierre y militarización, se ha establecido un periodo de transición de 60 días en los que se llevará a cabo un «reordenamiento» de tareas y funciones del personal de las delegaciones afectadas. También se ha dispuesto una dotación mínima de agentes para realizar el cierre y elaborar un inventario patrimonial actualizado de los bienes que se encuentran en cada una de las delegaciones provinciales.

La medida del gobierno ha despertado críticas y ha generado preocupación en el ámbito de las comunicaciones. Muchos trabajadores se sienten desprotegidos y temen por el futuro de la industria en las provincias. Asimismo, se plantean dudas sobre el verdadero motivo detrás de esta medida y la forma en la que afectará la conectividad y el acceso a las comunicaciones en el país.