El gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión trascendental en el ámbito de la justicia penal en Argentina. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se ha ordenado la implementación del Código Procesal Penal en todo el país. Esta responsabilidad será asumida por el Ministerio de Justicia, que reemplazará a la Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

El Código Procesal Penal Federal, que se basa en un modelo de justicia oral y rápido, entrará en vigencia gradualmente según el cronograma que establezca el Ministerio de Justicia. Esta cartera tendrá la tarea de poner en funcionamiento el código en todo el país, así como coordinar las actividades necesarias para la creación de las nuevas estructuras organizativas.

El Ministerio de Justicia tendrá también la responsabilidad de diseñar propuestas de readecuación edilicia, recursos y personal, de acuerdo a los requerimientos del proceso de implementación del Código. Además, se encargará de los programas de capacitación de los operadores de justicia para asegurar una correcta aplicación de las nuevas medidas.

Para garantizar la transparencia y el avance del proceso de implementación, el Ministerio de Justicia establecerá convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades nacionales e internacionales. Además, creará un consejo asesor interinstitucional y consultivo que estará compuesto por representantes del Consejo de la Magistratura, los Colegios de abogados, los magistrados del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

La visita del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a las provincias de Salta y Jujuy evidenció el interés del gobierno en establecer el mejor sistema judicial procesal para el país. En sus mensajes en redes sociales, el ministro destacó las bondades del sistema acusatorio, que se basa en un modelo de justicia oral y rápido. Este sistema busca modernizar los mecanismos de persecución penal y brindar herramientas más efectivas para la investigación de delitos como el narcotráfico, la corrupción y la trata.

La implementación de este sistema implica que la fiscalía estará a cargo de la investigación y la acusación, dejando al juez la responsabilidad de resolver de forma imparcial e inmediata.

Además, se promoverá la oralidad en los procesos judiciales, lo que agilizará los tiempos comparado con el formato papel. Para esto, se establecerán Oficinas judiciales encargadas de la gestión de las audiencias y agendas de los magistrados.