El gobierno de Javier Milei ha pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga en el conflicto con la provincia de Chubut por la retención de fondos coparticipables. Este pedido se hace con el objetivo de «inhibir» al juez federal Hugo Sastre, quien falló a favor de la provincia patagónica gobernada por Ignacio Torres.

Esta solicitud, calificada por el vocero presidencial Manuel Adorni como «la primera de una batería de medidas», busca frenar la gravedad institucional sin precedentes de los fallos que atentan contra el sistema de financiamiento de las provincias y la libertad de poderes en sí misma.

El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, junto a abogados apoderados de la Secretaría de Transporte, han presentado ante la Corte Suprema la incompetencia del Juzgado Federal de Rawson N°1 y han solicitado su intervención.

El juez Sastre había ordenado al Gobierno nacional suspender la retención de fondos coparticipables a Chubut para el cobro de una deuda, exhortando a las partes a encontrar una solución. Sin embargo, el gobierno de Milei argumenta que es el fuero competente para resolver este tipo de casos y solicita a la Corte Suprema que se declare competente y ordene al juez federal de Rawson que se inhiba de seguir entendiendo en el expediente.

Por su parte, el gobernador de Chubut ha reclamado a la Justicia una medida «autosatisfactiva» para que cese la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia y se reintegre lo ya retenido.

Para abordar esta situación, el Gobierno recurre al per saltum, un recurso excepcional que permite a un expediente judicial saltarse las instancias intermedias y llegar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este recurso se utiliza en casos de competencia federal donde se acredita que las cuestiones están relacionadas con la gravedad institucional y su solución es necesaria y definitiva.

La Corte Suprema tendrá la potestad de admitir o rechazar el recurso, en caso de rechazo, el expediente seguirá el procedimiento y las instancias intermedias correspondientes.

El conflicto entre el Gobierno y la provincia de Chubut continúa y ahora deberá ser la Corte Suprema quien determine si interviene en este caso y resuelve la disputa por la retención de los fondos coparticipables.