El Gobierno nacional continúa su acción legal contra las empresas de medicina prepaga, en un intento por garantizar que los aumentos de tarifas se ajusten al índice de inflación y que los afiliados reciban el reembolso de sobrecobros. En las últimas presentaciones judiciales, se han sumado 18 prepagas, lo cual eleva a un total de 41 las compañías citadas a una audiencia clave que se llevará a cabo el 27 de mayo.

La Superintendencia de Servicios de Salud, en nombre del Gobierno, busca establecer reglas claras para el sector de las prepagas y evitar abusos en la fijación de tarifas. En este sentido, las empresas están obligadas a explicar durante la audiencia cómo planean devolver el dinero que fue cobrado de más a los afiliados.

La medida cautelar que instauró el juez federal Juan Rafael Stinco, a pedido del Estado Nacional, fue un paso importante en la protección de los usuarios de medicina prepaga. Inicialmente, la cautelar abarcaba a 23 empresas, pero el Gobierno ha seguido ampliando la demanda y solicitando medidas cautelares contra otras entidades que aún no han sido demandadas oficialmente, pero que están incluidas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

En la última presentación ante la justicia, se incluyeron cinco empresas: Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de Capital Federal, Asistencia Sanitaria Integral S.A, Asociación Civil de Estudios Superiores y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

A su vez, en un escrito anterior se habían sumado otras 13 compañías más. La lista completa de empresas incluidas en la demanda está compuesta por: International Health Services Argentina S.A, Obra Social YPF, OPDEA, Osdepyn, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad, Cobensil, Medin S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medicals Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., y Obra Social de Dirección de la Industria Privada de Petroleo.

La decisión de la Justicia a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud representa un paso importante en la lucha contra la cartelización en el sector de las prepagas. Las empresas están obligadas a retrotraer cualquier aumento realizado por encima de la inflación desde el 1º de diciembre de 2023, y a devolver los montos cobrados que excedieron los índices del IPC.

Con esta demanda judicial, el Gobierno busca garantizar que las prepagas brinden un servicio justo y accesible a sus afiliados, sin incrementos desmedidos ni prácticas monopolísticas. La audiencia del 27 de mayo será clave para evaluar las respuestas de las empresas y determinar las siguientes medidas a tomar para asegurar la protección de los usuarios del sistema de medicina prepaga.