El Gobierno nacional ha implementado una nueva norma que permite la suspensión de los beneficios de planes sociales para aquellos participantes de piquetes y actos de alteración del orden público.

La resolución, presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, implica la baja inmediata de dos importantes programas de apoyo económico: «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», que antes se conocían como Potenciar Trabajo.

Esta medida afecta a más de 1.2 millones de personas que actualmente se benefician de estos programas. Entre las acciones consideradas «infracciones» se encuentran los piquetes, actos de violencia, interrupción del tráfico y alteración del orden público. Incluso, se incluye a aquellos beneficiarios que han realizado viajes y gastos en el extranjero.

La implementación de esta normativa llega horas después de los graves enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, donde la Policía de la Ciudad tuvo que intervenir para desalojar la Avenida 9 de Julio.

Estos incidentes dejaron un saldo de ocho efectivos policiales y dos trabajadores de prensa heridos, así como también se registraron al menos diez detenidos. Según informes del Gobierno de la Ciudad, los destrozos ocasionados durante este enfrentamiento ascienden a una suma aproximada de $32 millones.

Esta medida viene a poner en entredicho los derechos de miles de personas y ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Mientras algunos consideran que es una forma de premiar la participación en actos de alteración del orden público, otros argumentan que se está criminalizando la protesta social y afectando a aquellos más necesitados.

El Gobierno, por su parte, defiende esta política como una herramienta para mantener el orden y garantizar el buen uso de los recursos destinados a programas sociales. Según la ministra Pettovello, es necesario establecer límites claros y actuar con firmeza frente a quienes ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la sociedad en general.

Sin duda, esta nueva normativa tendrá un impacto significativo en la vida de aquellos beneficiarios de planes sociales, quienes ahora deberán reconsiderar sus decisiones de participar en actos de protesta. Mientras tanto, el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la justicia social continúa en el centro de la discusión pública.