El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso su proyecto de Ley Ómnibus, que contempla medidas destinadas a ajustar el gasto público y reemplazar la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

Según la norma, el Poder Ejecutivo podrá suspender temporalmente la fórmula de actualización de los haberes previsionales y realizar ajustes por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo automático. Esta medida es clave para el ajuste fiscal propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El proyecto faculta al Gobierno a establecer una nueva fórmula automática de ajuste, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de menores ingresos.

Hasta ahora, los ajustes de haberes se daban en base a la variación de un índice que contemplaba la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario y la variación de los salarios. Estos ajustes se determinaban trimestralmente y se otorgaban por decreto.

La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria busca «solucionar la falta de actualización de los haberes previsionales, que han perdido poder adquisitivo debido a la aceleración de los precios». En los últimos años, los jubilados han recibido bonos para compensar las pérdidas generadas por la fórmula de movilidad. El objetivo de esta medida es asegurar un ajuste fiscal y evitar una mayor degradación de los ingresos de los jubilados.

El gasto previsional es clave para las cuentas públicas y el ajuste fiscal propuesto por Caputo. Se estima que el recorte del gasto en jubilaciones representará un 0,4% del producto interno bruto (PBI). Además, si la inflación comienza a ceder en algún momento, la falta de actualización de los haberes generará un aumento en la necesidad de gasto en términos reales.

La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria ha generado preocupación en distintos sectores. Según un informe de la Fundación Capital, las jubilaciones y pensiones ya se encuentran en niveles muy bajos y han sufrido una caída real en su poder adquisitivo. Los jubilados que cobran el haber mínimo han recibido bonos de manera ininterrumpida para compensar la caída del poder adquisitivo.

La implementación de esta medida deberá ser estudiada profundamente debido al impacto social que pueda tener, especialmente en un contexto de recrudecimiento de la estanflación, al menos en la primera mitad de 2024.

Esta medida es parte del ajuste fiscal propuesto por Caputo y busca reemplazar el actual mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.