Se cumplen 50 años de un estallido social que marcó una época y que tuvo repercusiones en la vida política nacional, provincial y local. Fue en las calles de Roca donde una multitud hizo renunciar a su intendente, reasumió la soberanía popular y reclamó el alejamiento de un gobernador. El poder central envió más de 2.000 efectivos para frenar la protesta.

Durante la primera semana de julio de 1972, las calles de Roca fueron una postal de una Argentina atravesada por las tensiones políticas y sociales de la época. Multitudes reclamando justicia y democracia, las fuerzas armadas cercando la ciudad y tomando edificios institucionales, represión y encarcelamientos masivos. ¿Cuál fue el significado de aquella movilización popular que desbordó a su dirigencia y le dio una característica totalmente diferente a la buscada?

Como dice Roberto Balmaceda, integrante de la Junta de Estudios Históricos, nada se puede entender sin el contexto. En esos años se desarrollaba la dictadura llamada Revolución Argentina. En la provincia, el general Roberto Requeijo había sido enviado para “apaciguar ánimos” después de la frustrada intervención de Juan Figueroa Bunge. Su transición fue abrupta: de no tener vínculo alguno con Río Negro a imaginarse un futuro gobernador democrático.

Pero esa definición de Requeijo implicaba definiciones que lo alejaban indefectiblemente del sentir y el pensar de la élite de Roca, que empezó a sentirse marginada. Y la gota que colmó la paciencia de aquellos grupos de empresarios, comerciantes y profesionales fue la decisión de trasladar un juzgado penal a la vecina ciudad de Cipolletti. ¿Podía esa decisión movilizar un reclamo masivo? En todo caso, nadie lo pensó de esa manera. Ni siquiera el entonces intendente, Pablo Fermín Oreja, historiador, escritor y activo protagonista de la vida política de esos años. Oreja convocó a una asamblea en el edificio municipal que desbordó sus cálculos y decidió dar marcha atrás. Pero era tarde. Una multitud de más de 1.500 personas decidió autoconvocarse en la Cámara de Industria y Comercio, elegir una Junta Provisoria de Gobierno y marchar para pedir la renuncia del jefe comunal.

Era el 4 de julio. A pesar de los gases lacrimógenos y balas de goma, un grupo alcanzó a ingresar al edificio municipal.  Para ese momento, la composición social de la protesta había cambiado: se habían sumado sindicatos, agrupaciones vecinales e identidades políticas que no respondían a aquella conducción. Era “la turba, el conjunto de jóvenes y marginales que están dispuestos a intervenir en cualquier conflicto”, recordó el mismo Oreja durante una entrevista posterior.

Las protestas siguieron durante varios días. Un grupo de jóvenes intentó parar un tren cargado de explosivos. Se realizaban actos relámpagos en diferentes sectores de la ciudad. El 5 de julio la Junta Provisoria desconoce la autoridad de Requeijo, cuestiona la represión policial e invita a saltar los intereses localistas.

La represión militar se endureció. Más de 2.000 efectivos fueron concentrados en una ciudad que tenía una población de 35.000 habitantes. Tomaron posición en las principales instituciones y coparon la radio local para que no pudiera transmitir ninguna información de la Junta Provisoria, que había sido declarada ilegal.

La magnitud de la revuelta tomó dimensión nacional. Y la Cámara Federal especialmente conformada para enfrentar a “la subversión”, llegó a Roca para encontrar a esos subversivos. Se encontró con abogados y comerciantes. Desde Julio Rajneri a Carlos Gadano; de Luis Falcó a Faustino Mazzuco; de Iglesia Hunt a Aleardo Laría o Manuel Salgado. Jóvenes abogados o contadores, integrantes de clubes de servicio o asociaciones profesionales; hasta el referente de la Juventud Peronista. Nombres que por lo general conformarían la estructura dirigencial de la provincia durante 30 años (entre los ‘80 y el 2010).

El movimiento consiguió sus triunfos iniciales: la justicia quedó afincada en la ciudad; se evitó una mayor dispersión de la administración; y Requeijo nunca fue gobernador constitucional.

Pero desde ese momento comenzó un proceso curioso: el mecanismo del olvido. Balmaceda acota que fue un dispositivo realizado ex profeso: conseguido algunos objetivos, muchos prefirieron olvidar las circunstancias de 1972 y dedicarse nuevamente a sus actividades. Ya había pasado. Era historia. Y esa historia debía ser reinterpretada por otros actores. Rajneri, desde las páginas de su diario, lo convirtió en un “movimiento cívico”.

“Pero allí estuvieron los sindicatos, el peronismo, la izquierda, los barrios. No fue una reivindicación localista por un juzgado o una administración. Fue un grito de protesta en medio de una situación de dictadura que gobernaba y asfixiaba al país”, reflexionó Balmaceda. Y apuntó: “una pregunta era el por qué del olvido; ahora cabe preguntarse por las razones del recuerdo, en este momento”.

Explicó que “con la internacionalización y la globalización, se pierden las particularidades, las historias. Y los pueblos necesitan recuperar esas identidades. Esas historias en común que hablan de solidaridad; de un sentido de pertenencia a una comunidad más grande. Encontrarse con su historia”.