La constructora AZ sigue sumando demandantes y motivos de enojos entre los vecinos que contrataron de buena fe la edificación de una vivienda, adelantaron fondos y nunca les cumplieron. Ya son más de 100 querellantes que se dan cita por los tribunales de Roca, buscando una reparación. O, en todo caso, justicia.

Lo que suma enojo a los damnificados es que Néstor Jaramillo y Jaqueline Mercado cerraron todo lo que tiene que ver con la firma AZ, pero continúan realizando maniobras similares con otros nombres de fantasía y en la región. Como el caso de una vecina que se los encontró en Senillosa.

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El abogado Nicolás Suárez Colman representa a 80 familias que están reclamando la devolución de sus anticipos y fue quien apuntó contra el vacío legal que les permite a estas personas inescrupulosas seguir lucrando con las ansiedades y las necesidades de las personas. El letrado puntualizó que AZ “tenía una tonelada de cheques rechazados, no registraba actividad financiera y no tenía habilitaciones comerciales”.

Pero la lista de irregularidades sigue: la empresa, que tenía comprometida la construcción de al menos 80 viviendas en Roca mediante el sistema de Steel Frame, “no tenía permisos de obra en las municipalidades para hacer las obras que supuestamente estaba haciendo; no tenía arquitectos ni planos homologados ni aprobados para hacer viviendas de construcción en seco en masa”.

Los querellantes son familias que entregaron todos sus ahorros para poder avanzar en el sueño de la casa propia: algunas entregaron dos vehículos; otros pagaron entre siete y ocho millones de pesos a valores de 2021; o pusieron 20.000 dólares. Todos con la idea  de acelerar el proceso.

Pero AZ cerró sus puertas: no tiene más oficinas y “ni siquera una contestación de whatsapp”.

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El reclamo legal contra la constructora comenzó como un incumplimiento contractual en los términos de la ley de Defensa del Consumidor; pero hoy empieza a caminar por el de la justicia penal. “Hay una estafa y estamos juntando la documentación para demostrarlo”, remarcó Suárez Colman.

De todos modos, advirtió que “la empresa hoy está vacía. No tiene ni una silla a nombre de ellos. Y han escondido el dinero debajo de la alfombra”.

El abogado reclamó a los poderes públicos que terminen de cerrar el vacío legal que existe para cubrir a los potenciales damnificados de este tipo de irregularidades: “esta empresa no tenía capacidad técnica para financiar la construcción de 80 viviendas. Prometió el oro y el moro a sabiendas de que no iban a cumplir. Tiene que haber algún tipo de regulación que evite esas maniobras”.

Para evitar nuevas frustraciones, Suárez Colman recomendó a las personas que antes de contratar con una empresa realicen una serie de averiguaciones. “Al menos como para saber de qué se trata; si tiene antecedentes; si tienen los permisos. Después, cada uno tiene la capacidad de decidir. Pero una consulta anticipada puede evitar muchos dolores de cabeza”, resaltó.