El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha sido aceptado como querellante en la investigación sobre movimientos sociales acusados de extorsión, coacción agravada y defraudación. El juez federal Sebastián Casanello, encargado del caso y quien ha impuesto el secreto de sumario, ha dado luz verde al ingreso del ministerio al expediente luego de que el Ministerio de Seguridad no fuera autorizado a formar parte del mismo.

El pedido de Capital Humano fue avalado por el juez debido a la naturaleza de los delitos investigados y su condición de co-denunciante en las causas que componen el caso. De todas formas, aún no ha tenido acceso a las pruebas debido al secreto de sumario.

Por otro lado, Casanello decidió otorgar la exención de prisión a los acusados de presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales, lo que asegura que no serán detenidos. Sin embargo, ha dispuesto medidas adicionales como la prohibición de salida del país y de acudir a los domicilios donde funcionan los comedores de las organizaciones a las que pertenecen. Esta decisión afecta a 13 de los 28 acusados que hay en el expediente y sobre los que se dictó la inhibición de bienes.

La causa se originó a finales de diciembre, cuando el Gobierno habilitó un número de denuncia anónima. La Fiscalía recibió varias denuncias y centró su investigación en las que tuvieron lugar en la Capital Federal.

Según el fiscal Pollicita, se montaron grupos que utilizaban la apariencia de un comedor popular para exigir dinero a los beneficiarios de los planes. Se hacía bajo diversos conceptos como «cuotas» o «alquiler de comedor». Además, se les obligaba a vender alimentos recibidos del Estado Nacional y a participar en movilizaciones políticas, todo bajo amenaza de perder los beneficios sociales.