El gobierno de Río Negro desató una fuerte controversia en el sector petrolero tras anunciar su intención de cobrar una regalía de entre el 0,5% y el 1% sobre las exportaciones de crudo que se transporten por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Las empresas involucradas, entre ellas YPF, Shell y Chevron, manifestaron su malestar ante lo que consideran una modificación imprevista en los términos del acuerdo.

La provincia había sido una de las primeras en adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual garantiza estabilidad fiscal y evita la creación de nuevos tributos. Sin embargo, ahora busca imponer un gravamen adicional argumentando la necesidad de participación en los beneficios del proyecto. La medida generó preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre el impacto que podría tener en futuras inversiones.

Las negociaciones entre las petroleras y el gobierno provincial están en marcha, y se analiza la posibilidad de que en lugar del impuesto, las empresas realicen un aporte voluntario para obras de infraestructura o inversión social. No obstante, el conflicto ya puso en duda la seguridad jurídica del esquema de incentivos vigente y podría afectar el desarrollo de futuros proyectos en la región.

El gobierno de Río Negro desató una fuerte controversia en el sector petrolero tras anunciar su intención de cobrar una regalía de entre el 0,5% y el 1% sobre las exportaciones de crudo que se transporten por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Las empresas involucradas, entre ellas YPF, Shell y Chevron, manifestaron su malestar ante lo que consideran una modificación imprevista en los términos del acuerdo.

La provincia había sido una de las primeras en adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual garantiza estabilidad fiscal y evita la creación de nuevos tributos. Sin embargo, ahora busca imponer un gravamen adicional argumentando la necesidad de participación en los beneficios del proyecto. La medida generó preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre el impacto que podría tener en futuras inversiones.

Las negociaciones entre las petroleras y el gobierno provincial están en marcha, y se analiza la posibilidad de que en lugar del impuesto, las empresas realicen un aporte voluntario para obras de infraestructura o inversión social. No obstante, el conflicto ya puso en duda la seguridad jurídica del esquema de incentivos vigente y podría afectar el desarrollo de futuros proyectos en la región.