En un esfuerzo por aliviar la presión económica sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el Gobierno Nacional ha declarado oficialmente la entrega de un nuevo bono extraordinario de $70.000 dirigido a jubilados y pensionados.

Esta medida se ha formalizado a través del Decreto 1050/2024, que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este bono tiene como finalidad mitigar los impactos que la disminución del poder adquisitivo, causada por la actual situación inflacionaria, ha tenido sobre los ingresos de estos grupos.

El contexto que ha llevado a la implementación de este bono se debe a la ineficacia de una fórmula jubilatoria previa, establecida bajo la Ley N° 27.609, que no logró responder adecuadamente a las fluctuaciones del costo de vida y proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Como resultado de esta disparidad, aquellos beneficiarios con ingresos más modestos han experimentado una pérdida significativa en sus capacidades de consumo. 

Con un valor máximo estipulado de $70.000, este bono está destinado específicamente a los beneficiarios de diversas prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en concordancia con la Ley N° 24.241.

Esta legislación comprende tanto regímenes nacionales anteriores como especiales derogados, así como sistemas transferidos al ámbito nacional. Además, la medida abarca a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, a madres de siete o más hijos, y también las pensiones graciables.

Importante es señalar que según el decreto, el bono se dirige únicamente a beneficios que estén vigentes al momento de su liquidación, y no podrá ser objeto de deducciones ni utilizado en el cálculo de otros conceptos. En aquellos casos donde las pensiones sean compartidas, será considerado un único beneficiario para el derecho al bono. En este sentido, recae sobre la ANSES la tarea de administrar e implementar las regulaciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de esta medida extraordinaria.

El decreto también establece que la Jefatura de Gabinete dispondrá las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar la operatividad de esta política, la cual entra en plena vigencia desde el día de su publicación.