Los fiscales que investigan la millonaria estafa al Ipross ganaron tiempo. La Justicia declaró al caso como un «asunto complejo» y automáticamente los plazos para el desarrollo del proceso se ampliaron al doble de lo previsto para la mayoría de los legajos. De esta manera, los dueños de farmacias y la exauditora del Colegio de Farmacéuticos -que se encuentran imputados- vieron frustradas sus expectativas de que la causa caiga por el paso del tiempo.

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La denuncia que desató el escándalo fue presentada el 13 de mayo del 2019, por parte de las entonces autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, quienes detectaron irregularidades en el circuito de facturación a la obra social del Estado rionegrino por parte de un pequeño grupo de afiliados.

Los involucrados en el caso son los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, las expropietarias de una farmacia Marianela Guidi y Marcela Gil, la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini, y la exauditora Sandra Fasano.

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El 14 de febrero pasado los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo formularon cargos contra todos los mencionados, asegurando que formaron parte de un entramado de acciones que perjudicaron al Ipross en una suma superior a los 70 millones de pesos.

La jueza Natalia González consideró que los elementos reunidos en la etapa preliminar del proceso eran suficientes para tener por formulados los cargos y se abrió entonces la etapa siguiente del proceso, donde los representantes del Ministerio Público tienen entre sus objetivos la consolidación de las pruebas para llevar finalmente a juicio a los acusados.

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Ese camino no es rápido ni sencillo, por la voluminosa cantidad de registros que deben analizarse (inicialmente se estimó que las maniobras ilegales comenzaron en el 2013) y por eso los fiscales pidieron encuadrar el caso en el capítulo III del Código Procesal Penal de la provincia, que establece pautas especiales para los «asuntos complejos».

Concretamente, el artículo 218 del CPP indica que “cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del fiscal, el juez podrá autorizar la aplicación de las normas especiales previstas en este Título”. También está definido por ese artículo que “la autorización podrá ser revocada, a petición de quien considere afectados sus derechos por el procedimiento”.

Ese pedido de los fiscales Giuffrida y Britos Rubiolo se formalizó en una audiencia realizada días atrás y la jueza de garantías que interviene en el expediente dio su visto bueno.

De esta manera, los plazos que rigen ahora son los previstos por el artículo 219 del Código, que son los siguientes:

El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de 18 meses y la duración total del proceso será de cuatro años improrrogables. 2) El plazo acordado para concluir la investigación preparatoria será de un año y las prórrogas de un año más cada una. 3) Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y aquellos que establecen un determinado tiempo para celebrar las audiencias, se duplicarán. 4) Cuando la duración del debate sea menor de 30 días, el plazo máximo de la deliberación se extenderá a cinco días y el de dictar sentencia a 10 días. Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de 10 y 20 días respectivamente. 5) Los plazos de impugnación se duplicarán. 6) El plazo autorizado para la reserva parcial de actuaciones se extenderá a 20 días.

Pericias en marcha

La causa por la millonaria estafa al Ipross está en plena etapa de investigación, con pericias en marcha y otras por iniciarse, según pudo saber LA COMUNA de fuentes oficiales.

La que está en desarrollo es una pericia caligráfica, luego de recibir la autorización por parte de la jueza de garantías.

La magistrada también permitió avanzar con una pericia informática, que todavía no empezó.

Dentro de ese ámbito, será determinante el cotejo de los registros obtenidos durante el allanamiento inicial realizado en la sede del Colegio de Farmacéuticos y los datos de back up aportados por el proveedor del software con el que se realizaba la validación y la facturación de las ventas de medicamentos a los afiliados al Ipross.

Lo que se intentará conocer es si hubo alteraciones en los registros del Colegio, para cobrar de más ventas realizadas o para percibir montos por remedios que nunca llegaron a manos de afiliados.

Los puntos centrales del caso

– La causa se inició en mayo del 2019, con una denuncia del entonces presidente del Colegio, Marcelo Yop. A principios de ese año, la aparición de recetas guardadas en una caja de zapatos en una farmacia céntrica de Roca llamó la atención de los nuevos dueños de ese local, que llevaron el caso a la comisión directiva de la entidad.

– Con la Justicia interviniendo, se imputó a siete personas, vinculadas a cuatro farmacias de Roca y una de Allen. Esta última era Hugo Fasano, expresidente del Colegio, que al haber fallecido quedó fuera de la investigación.

– En febrero de este año se formularon cargos a todos los imputados. Les atribuyeron tres hechos.

El primero tuvo dos modalidades: la generación de recetas de medicamentos para diabetes o epilepsia por parte de la exauditora, cuando esos remedios nunca fueron vendidos a afiliados de la obra social. Y la creación de recetas falsas a partir de códigos de validación de recetas reales, pero que otras farmacias cancelaron o anularon.

El segundo hecho fue la modificación en el Colegio de recetas previamente validadas por las farmacias Tucumán, Santa Teresita y Araucana, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes nunca vendidos a afiliados.

El tercer hecho está centrado en “cargas ficticias” en las farmacias. “Todos los imputados generaban o modificaban recetas incluyendo medicamentos”, detalló el fiscal, precisando que fueron 11 remedios para epilepsia o diabetes los facturados a la obra social luego de un procedimiento ilegal.

El perjuicio estimado

$ 70.020.552,39 Ese monto surge de la etapa preliminar de investigación como total de pagos realizados por la obra social, producto de las acciones ilegales denunciadas.