La Ciudad Judicial será hoy escenario de una nueva audiencia por este caso que puede marcar un importante precedente en Río Negro, un hecho histórico: la estafa al Ipross por parte de cuatro farmaceúticos.

Desde las 9.30, se retomará la audiencia que este viernes pasó a cuarto intermedio, en la que Fabio Caffaratti, Sandra Fasano, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró sabrán si tendrán que ir tras las rejas de manera preventiva hasta que su caso llegue a una condena firme. Cabe mencionar que sus sentencias fueron confirmadas por el Tribunal de Impugnación.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la modificación de las medidas cautelares vigentes y la necesidad de prisión preventiva para garantizar el cumplimiento del proceso judicial. Todo esto argumentando que «tienen la capacidad económica para sustraerse del accionar de la justicia». La querella se sumó al pedido.

Por su parte, la defensa se negó al pedido de prisión preventiva y hasta ofreció que se imponga una prisión domiciliaria. 

¿Qué dice la ley con respecto a esto?

El artículo 109 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro señala que las partes acusadoras «podrán requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local», es decir que tenga la resolución del Superior Tribunal de Justicia.

Además, señala que «la medida procederá con el fin de asegurar el eventual cumplimiento de la condena (…) pudiéndose considerar a tales efectos a la sentencia condenatoria como causal de peligro de fuga».

Una causa que sienta un precedente en Río Negro

Este caso es uno de los mayores fraudes contra el Estado provincial en las últimas dos décadas. Fue considerado un caso complejo, ya que el tribunal de Viedma se trasladó a Roca para llevar a cabo la audiencia, algo poco habitual en el ámbito judicial provincial, por lo que conlleva más tiempo su resolución.

Según lo explicado en las audiencias, el monto del daño causado, por el cual se le impusieron las penas, en su última actualización según lo expuesto por la Fiscalía en los alegatos de clausura, es de 4.100.000.000 de pesos, enfatizando en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria.

En la última audiencia del caso, desarrollada a principios de noviembre, El Tribunal de Impugnación ratificó las condenas dictadas contra cuatro farmacéuticos de General Roca, sosteniendo que se pudo probar la culpabilidad de los farmacéuticos y las distintas maniobras fraudulentas como la inserción de información inexistente sobre ventas que los farmacéuticos no habían realizado a afiliados del Ipross.

Finalmente, el Tribunal subrayó que las defensas no lograron desmontar los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, esto no implica que las condenas queden firmes, ya que las defensas todavía pueden acceder a una instancia de impugnación extraordinaria, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado en otros niveles superiores de la justicia.