Este jueves se realizó la tercera y última audiencia en el Tribunal de Impugnación de General Roca, donde los imputados Sandra Fasano, Fabio Caffaratti, Rodolo Mastandrea y Raúl Mascaró expusieron sus últimos planteos antes de que se conozca el fallo definitivo. Los acusados solicitaron la revisión de las condenas impuestas por estafas reiteradas agravadas en perjuicio de la administración pública.

El monto del daño causado, por el cuál se le impusieron las penas, en su última actualización según lo expuesto por la Fiscalía en los alegatos de clausura, es de 4.100.000.000 de pesos, enfatizando en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria. 

Sandra Fasano, condenada a nueve años y medio de prisión, declaró: “Le quiero pedir al tribunal la revisión de la sentencia, porque yo soy inocente, porque se me está acusando y condenando por un trabajo y una responsabilidad que yo ni tengo y un trabajo que yo no hacía”. Fasano sostuvo que su rol dentro del Colegio de Farmacéuticos era técnico y que nunca fue empleada del IPROSS. “Jamás fui empleada ni auditora del IPROSS. La empresa PRESERFAR realizaba auditoría en terreno, no solamente evaluaciones por sistema. Ellos venían al colegio a realizar las recetas, jamás tuvimos un problema o una diferencia”, agregó, destacando que actualmente el IPROSS sigue confiando en esa misma empresa.

Fabio Caffaratti, condenado a ocho años y medio, también se manifestó y realizó una “reserva del caso federal que prevé el artículo 14 por todo el derecho federal violado”. En la misma línea, Rodolo Mastandrea, quien recibió una condena de ocho años, aseguró: “Lo único que yo quiero a esta altura de mi vida, con 70 años, es paz, tranquilidad y trabajo”. Mastandrea afirmó que su rol como vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos fue meramente formal y que las decisiones importantes eran tomadas por otros. Denunció que la fiscalía “tuvo más voluntad por condenar que por buscar la verdad”.

Por su parte, Raúl Mascaró, condenado a seis años y medio, expresó que se vio limitado a prestar declaraciones debido al trato violento de la fiscalía. “Me cagaron la vida, más de 30 años de profesión tirados a la basura por nada. Tengo todo en blanco, no tengo nada que no esté declarado. Por eso les pido que revisen la sentencia”, reclamó Mascaró, quien también destacó el daño económico y social que sufrió a raíz del proceso judicial.

Los fiscales Teresa Giuffrida, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, junto al abogado querellante Federico Rosbaco, desacreditaron los argumentos presentados el martes por los defensores Patricia Espeche y Carlos Vila. Estos intentaron desvincular a los imputados de las irregularidades en el manejo de los fondos del IPROSS, argumentando que el convenio con el Colegio de Farmacéuticos, clave en el caso, había expirado en 2015.

El tribunal se encuentra ahora en deliberación, y se espera que en los próximos meses se conozca el dictamen definitivo ya que la causa está caratulada como causa compleja por lo que su definición conlleva más tiempo.