El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido. El equipo fiscal fue conformado por tres integrantes del Ministerio Público: los fiscales del caso, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, junto a Federico Rosbaco. En esta audiencia la jefa fiscal Teresa Giuffrida se encontraba ausente.  Por parte de la defensa estaban presentes  Patricia Espeche y Carlos Vila.

Los condenados, actualmente estaban cumpliendo con las medidas cautelares impuestas, que constaba de una tobillera electrónica. Sin embargo, según lo expuesto por la Fiscalía, en el último tiempo, recibieron informes del organismo que controla los equipos electrónicos, la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPE), donde se notifican irregularidades en las tobilleras de alguno de los involucrados.

“En el caso de Mastandrea se detectaron algunas irregularidades. Existían reiteradas pérdidas de las señales de GPS”, indicaron los fiscales. Ante esta cuestión estrictamente técnica, apuntaron que «el sistema no estaría logrando el objetivo”.

“Nos preocupa que este dispositivo no esté cumpliendo el fin, que es neutralizar el peligro procesal de fuga argumentado, repetidamente, por esta acusación”, expresó la fiscalía y reiteraron el pedido de prisión preventiva para los tres hombres condenados, en tanto que para la señora sería en calidad de preventiva y domiciliaria.

“Sabemos que tienen la capacidad económica para sustraerse del accionar de la justicia, de hecho uno de ellos ofreció una reparación económica que ascendía a los 500 millones de pesos, otro de ellos ha solicitado permisos para viajar a Buenos Aires y también para salir del país. . Otro ha dejado explícito aquí el conocimiento del vasto territorio argentino”, dijo el equipo fiscal.

La querella explicó que es indispensable que se garantice el fin del proceso de este legajo y adhirió al pedido y al plazo, es decir hasta que quede firme el fallo condenatorio. Ante esto, la fiscalía solicitó la modificación de las medidas cautelares vigentes y la necesidad de prisión preventiva para garantizar el cumplimiento del proceso judicial.

La defensa se negó al pedido de prisión preventiva.

Por su parte, Vila explicó que no hay errores relevantes en la pulsera que lleva su defendido, y ofreció que se cumpliera asistencia a prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La defensora Espeche, expresó que el arraigo y el comportamiento durante el proceso de sus asistidos «no ha variado». Por ello, pidió que se mantenga la misma situación, o que les otorgue la libertad. “Las condiciones que hacen presuponer una fuga no han cambiado. Mastrandea no quiere fugarse”, sostuvo la abogada.

“Siempre estuvieron a derecho, hace cinco años y medios que están sometidos a continuidad a este proceso. Yo voy a peticionar que se las quiten, pero no para encerrarlos, no para medidas más extremas, no se condice para el respeto de la condición humana” , resaltó Espeche.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que “no se han agotado las vías recursivas locales» y ambos estuvieron de acuerdo en que no estaba fundada la petición de cambio de modalidad. “Pido que se mantenga la medida y si tanto miedo tienen, les ofrecemos prisión domiciliaria”, expresó Vila. 

Luego de una tensa audiencia, finalmente, el Tribunal interviniente pasó a un cuarto intermedio, y dará a conocer su decisión mañana miércoles 20 de noviembre las 9:30 en la Ciudad Judicial.

Una causa que sienta un precedente en Río Negro

Este caso es uno de los mayores fraudes contra el Estado provincial en las últimas dos décadas. Fue considerado un caso complejo, ya que el tribunal de Viedma se trasladó a Roca para llevar a cabo la audiencia, algo poco habitual en el ámbito judicial provincial, por lo que conlleva más tiempo su resolución.

Según lo explicado en las audiencias, el monto del daño causado, por el cual se le impusieron las penas, en su última actualización según lo expuesto por la Fiscalía en los alegatos de clausura, es de 4.100.000.000 de pesos, enfatizando en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria.

En la última audiencia del caso, desarrollada a principios de noviembre, El Tribunal de Impugnación ratificó las condenas dictadas contra cuatro farmacéuticos de General Roca, sosteniendo que se pudo probar la culpabilidad de los farmacéuticos y las distintas maniobras fraudulentas como la inserción de información inexistente sobre ventas que los farmacéuticos no habían realizado a afiliados del Ipross.

Finalmente, el Tribunal subrayó que las defensas no lograron desmontar los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, esto no implica que las condenas queden firmes, ya que las defensas todavía pueden acceder a una instancia de impugnación extraordinaria, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado en otros niveles superiores de la justicia.