De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en General Roca. “Mediante ardid y aprovechándose de su condición de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de una fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y ofreciendo facilidades de pago. De esta forma, indujo a error a un número indeterminado de policías”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.

El imputado habría logrado que las víctimas firmaran boletos de compraventa para adquirir parcelas de 60.027 metros cuadrados destinadas a construir viviendas. Cada damnificado habría pagado 165.000 pesos en 12 cuotas, pero nunca pudo tomar posesión de las tierras, ya que estas no estaban habilitadas para loteo por el Municipio local.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal incluyen copias de los boletos de compraventa, transferencias bancarias, recibos de pago y un anteproyecto del supuesto emprendimiento. Además, se consideran las conversaciones extraídas de grupos de WhatsApp creados por el imputado, así como informes de la Jefatura de Policía de Río Negro y del Área de Catastro municipal.

Durante la audiencia, la defensa del imputado argumentó que “no existe ardid alguno. Eventualmente, puede tratarse de un incumplimiento contractual que debería dirimirse en el fuero civil, ya que no se encuadra en un delito penal”.

Por su parte, la jueza de Garantías desestimó el planteo de caducidad presentado por la defensa y avaló la formulación de cargos solicitada por la fiscalía. La defensa, sin embargo, hizo reserva de impugnación de la decisión.