De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en General Roca. “Mediante ardid y aprovechándose de su condición de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de una fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y ofreciendo facilidades de pago. De esta forma, indujo a error a un número indeterminado de policías”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.

Guzmán habría persuadido a las víctimas para que firmaran boletos de compraventa, comprometiéndose a entregar tierras de 60.027 metros cuadrados destinadas a proyectos de vivienda. Cada persona habría abonado 165.000 pesos en 12 cuotas. Sin embargo, nunca pudieron tomar posesión de los terrenos, ya que estos no estaban habilitados para loteo por el Municipio local.

La fiscalía presentó pruebas que incluyen copias de los boletos de compraventa, transferencias bancarias, recibos de pago y un anteproyecto del supuesto emprendimiento inmobiliario. También se incorporaron conversaciones extraídas de grupos de WhatsApp creados por el imputado para coordinar las operaciones, junto con informes de la Jefatura de Policía de Río Negro y del Área de Catastro municipal.

Durante la audiencia, la defensa del imputado argumentó que no existió ningún engaño deliberado. “Eventualmente, puede tratarse de un incumplimiento contractual que debería dirimirse en el fuero civil, ya que no se encuadra en un delito penal”, sostuvo el abogado defensor.

Por su parte, la jueza de Garantías desestimó el planteo de caducidad presentado por la defensa y avaló la formulación de cargos solicitada por la fiscalía. No obstante, la defensa hizo reserva de impugnación de la decisión judicial.