Un fallo reciente de la Cámara Civil de Roca ratificó la sentencia de primera instancia que condenó al Sindicato de Trabajadores Viales a indemnizar a una mujer de Villa Regina con el valor actualizado del terreno que adquirió en 2006 y nunca recibió. 

La causa está vinculada a la llamada “Estafa House Vial”, una venta de terrenos que afectó a cientos de personas en Río Negro entre 2006 y 2008. Dos de los responsables, Carlos Iturburu y Carlos Sansuerro, fueron condenados a más de 10 años de prisión efectiva por administración fraudulenta y múltiples estafas. Uno de ellos era presidente del Sindicato, entidad que promocionaba la venta y construcción de viviendas. 

La historia de la víctima 

En 2006, la mujer adquirió un terreno por 9.000 pesos, con el compromiso del Sindicato de construirle una casa en 36 meses a través de un convenio con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). El contrato incluía una cláusula que aseguraba la entrega del terreno con escritura en caso de incumplimiento. Sin embargo, el plazo venció sin resultados: ni la vivienda fue construida ni el terreno le fue entregado. 

La situación se complicó cuando, en 2011, el IPPV asumió la construcción de las casas y concluyó las obras en 2015. Para ese entonces, la mujer, ya casada con un propietario de otra parcela, no calificó como beneficiaria de vivienda única.

Tras agotar instancias de mediación y reclamos, la mujer inició una demanda civil contra el Sindicato, reclamando el valor actualizado del terreno, intereses y costas. La entidad, bajo nuevas autoridades, intentó desligarse del caso, primero negando el contrato y luego alegando razones formales para desestimarlo. 

El fallo de primera instancia condenó al Sindicato, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Roca. El tribunal rechazó los argumentos del Sindicato y ordenó el pago de una indemnización que incluye la actualización por inflación y los intereses moratorios.