De acuerdo con la acusación, cuatro hombres y dos mujeres simularon haber constituido regularmente la Mutual de Empleados Municipales de Allen utilizando documentación falsa, como actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas. 

Estafa millonaria: realizaron ocho allanamientos a una falsa mutual que engañaba a trabajadores municipales

Además, emitieron papeles membretados con firmas falsas, otorgaron préstamos personales y emplearon sellos oficiales, a pesar de saber que la mutual había dejado de existir legalmente en 2006 por resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El representante fiscal, Ricardo Romero, dijo que “no obstante a que conocían acabadamente la irregular situación de la Mutual, los nombrados captaron a empleados municipales a fin de que firmen voluntariamente fichas de adhesión a la mutual autorizando a que les retenga el 2% de sus haberes mensuales brutos”.

Simultáneamente, engañaron al Municipio de Allen al que remitían documentación falsa como actas de asamblea y planillas de afiliación. El fiscal señaló que estos documentos permitían “el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de las cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran”.

La calificación legal por la que las seis personas deberán responder en calidad de coautores es la de “estafa”, según los Artículos 45, 172 y 173 inc. 3° del Código Penal.

Entre la evidencia presentada se encuentra la denuncia realizada por el intendente de Allen, actas varias, copia de depósitos, copia de informe de montos retenidos, y luego depositados a la mutual por parte del municipio, informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, oficina del Banco Patagonia, pericia concretada por Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) dependiente de Procuración General, oficio de la División Judicial de Investigaciones respecto a los allanamientos y secuestros de celulares, entrevistas varias, entre otra prueba.

El abogado querellante Federico Diorio, en representación del intendente municipal, adhirió a lo mencionado por la fiscalía, y explicó cómo fue que desde la intendencia actual advirtieron la situación denunciada.

El defensor particular que asistió a las seis personas, Nicolás Suárez Colman, explicó que “para nosotros no existió delito”, mencionó que presentará prueba para sostener su teoría del caso y se opuso a la imputación realizada.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente, Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal. Además, estableció un período de investigación penal preparatoria de cuatro meses a partir de esta fecha.