En una audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de suspensión de juicio a prueba realizado por la defensa de un ex policía militar acusado de alterar el orden público.

El hombre de 41 años habría ingresado de manera intempestiva a la Unidad Regional II en Roca, junto a una mujer no identificada aún. Según la fiscalía, el imputado amenazó al empleado policial de guardia con tomar el edificio, lo que provocó que el oficial abandonara el lugar por temor.

Posteriormente, el acusado y la mujer habrían tapado las puertas con papel de diario y cerrado el portón con las llaves en su poder, impidiendo el acceso al público. En el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas que bloqueaban el ingreso a la dependencia con vehículos y contenedores.

Además, el imputado habría convocado a través de un audio a otras personas a tomar la Unidad, incitando a cometer delitos contra la institución. Todo esto, según el Ministerio Público Fiscal, perturbó el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en la Unidad Regional.

El defensor penal público argumentó que, debido a que los delitos no superarían los 3 años de prisión y el acusado no tiene antecedentes penales, podría acceder a la suspensión de juicio a prueba.

Propuso una reparación económica, teniendo en cuenta las responsabilidades del imputado como padre de dos hijos y su falta de ingresos por la institución policial. Sin embargo, la fiscalía se opuso a esta posibilidad, argumentando que los hechos causaron alarma social y afectaron la institucionalidad.

Además, mencionaron que el imputado ya había sido cesanteado anteriormente por un hecho similar y, a pesar de esa sanción, volvió a cometer delitos coaccionando, turbando e instigando a otros a delinquir. La fiscalía consideró importante que el caso sea llevado a juicio y que se ventile lo sucedido a través de la presentación de pruebas durante las audiencias.

El juez interviniente en el control de acusación respaldó la oposición de la fiscalía, argumentando que el actuar del acusado afectó la paz social, lo cual es suficiente motivo para rechazar la suspensión de juicio a prueba.

Ante esta negativa, el defensor penal público solicitó un cuarto intermedio y la fijación de una nueva audiencia para el control de acusación, con el fin de poder asesorar a su defendido y plantear una revisión de la decisión tomada.

Esta resolución marca un hito en la lucha contra los excesos y violaciones al orden público por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La negativa al beneficio de probation demuestra la importancia de que los responsables de alterar la institucionalidad reciban una condena acorde a sus actos, en aras de preservar la confianza de la sociedad en las fuerzas del orden y el cumplimiento de la ley.

En una audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de suspensión de juicio a prueba realizado por la defensa de un ex policía militar acusado de alterar el orden público.

El hombre de 41 años habría ingresado de manera intempestiva a la Unidad Regional II en Roca, junto a una mujer no identificada aún. Según la fiscalía, el imputado amenazó al empleado policial de guardia con tomar el edificio, lo que provocó que el oficial abandonara el lugar por temor.

Posteriormente, el acusado y la mujer habrían tapado las puertas con papel de diario y cerrado el portón con las llaves en su poder, impidiendo el acceso al público. En el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas que bloqueaban el ingreso a la dependencia con vehículos y contenedores.

Además, el imputado habría convocado a través de un audio a otras personas a tomar la Unidad, incitando a cometer delitos contra la institución. Todo esto, según el Ministerio Público Fiscal, perturbó el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en la Unidad Regional.

El defensor penal público argumentó que, debido a que los delitos no superarían los 3 años de prisión y el acusado no tiene antecedentes penales, podría acceder a la suspensión de juicio a prueba.

Propuso una reparación económica, teniendo en cuenta las responsabilidades del imputado como padre de dos hijos y su falta de ingresos por la institución policial. Sin embargo, la fiscalía se opuso a esta posibilidad, argumentando que los hechos causaron alarma social y afectaron la institucionalidad.

Además, mencionaron que el imputado ya había sido cesanteado anteriormente por un hecho similar y, a pesar de esa sanción, volvió a cometer delitos coaccionando, turbando e instigando a otros a delinquir. La fiscalía consideró importante que el caso sea llevado a juicio y que se ventile lo sucedido a través de la presentación de pruebas durante las audiencias.

El juez interviniente en el control de acusación respaldó la oposición de la fiscalía, argumentando que el actuar del acusado afectó la paz social, lo cual es suficiente motivo para rechazar la suspensión de juicio a prueba.

Ante esta negativa, el defensor penal público solicitó un cuarto intermedio y la fijación de una nueva audiencia para el control de acusación, con el fin de poder asesorar a su defendido y plantear una revisión de la decisión tomada.

Esta resolución marca un hito en la lucha contra los excesos y violaciones al orden público por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La negativa al beneficio de probation demuestra la importancia de que los responsables de alterar la institucionalidad reciban una condena acorde a sus actos, en aras de preservar la confianza de la sociedad en las fuerzas del orden y el cumplimiento de la ley.

En una audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de suspensión de juicio a prueba realizado por la defensa de un ex policía militar acusado de alterar el orden público.

El hombre de 41 años habría ingresado de manera intempestiva a la Unidad Regional II en Roca, junto a una mujer no identificada aún. Según la fiscalía, el imputado amenazó al empleado policial de guardia con tomar el edificio, lo que provocó que el oficial abandonara el lugar por temor.

Posteriormente, el acusado y la mujer habrían tapado las puertas con papel de diario y cerrado el portón con las llaves en su poder, impidiendo el acceso al público. En el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas que bloqueaban el ingreso a la dependencia con vehículos y contenedores.

Además, el imputado habría convocado a través de un audio a otras personas a tomar la Unidad, incitando a cometer delitos contra la institución. Todo esto, según el Ministerio Público Fiscal, perturbó el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en la Unidad Regional.

El defensor penal público argumentó que, debido a que los delitos no superarían los 3 años de prisión y el acusado no tiene antecedentes penales, podría acceder a la suspensión de juicio a prueba.

Propuso una reparación económica, teniendo en cuenta las responsabilidades del imputado como padre de dos hijos y su falta de ingresos por la institución policial. Sin embargo, la fiscalía se opuso a esta posibilidad, argumentando que los hechos causaron alarma social y afectaron la institucionalidad.

Además, mencionaron que el imputado ya había sido cesanteado anteriormente por un hecho similar y, a pesar de esa sanción, volvió a cometer delitos coaccionando, turbando e instigando a otros a delinquir. La fiscalía consideró importante que el caso sea llevado a juicio y que se ventile lo sucedido a través de la presentación de pruebas durante las audiencias.

El juez interviniente en el control de acusación respaldó la oposición de la fiscalía, argumentando que el actuar del acusado afectó la paz social, lo cual es suficiente motivo para rechazar la suspensión de juicio a prueba.

Ante esta negativa, el defensor penal público solicitó un cuarto intermedio y la fijación de una nueva audiencia para el control de acusación, con el fin de poder asesorar a su defendido y plantear una revisión de la decisión tomada.

Esta resolución marca un hito en la lucha contra los excesos y violaciones al orden público por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La negativa al beneficio de probation demuestra la importancia de que los responsables de alterar la institucionalidad reciban una condena acorde a sus actos, en aras de preservar la confianza de la sociedad en las fuerzas del orden y el cumplimiento de la ley.