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FMI insta a ampliar apoyo político a reformas macroeconómicas en Argentina

FMI insta a ampliar apoyo político a reformas macroeconómicas en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en la importancia de ampliar el apoyo político para llevar adelante las reformas macroeconómicas en Argentina y asegurar que el ajuste no genere un impacto desproporcionado en las familias trabajadoras. Durante su declaración, Julie Kozack, vocera del organismo, destacó la necesidad de implementación decisiva por parte de las autoridades para reactivar la economía.

«Como hemos dicho muchas veces en el pasado, sigue siendo fundamental trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica», afirmó Kozack. A su vez, resaltó la importancia de priorizar las reformas de nivel microeconómico que permitan eliminar barreras de entrada, promover el empleo formal y atraer inversión privada.

A pesar de no haber establecido una fecha para evaluar la aprobación de la última revisión del programa económico, que liberaría desembolsos por 8.000 millones de dólares, Kozack aseguró que las autoridades cumplieron con todos los objetivos clave del programa con amplios márgenes.

Sin embargo, la vocera del FMI advirtió sobre los desafíos que enfrenta Argentina en el futuro: «El camino que le espera a la Argentina sigue siendo desafiante. Aprovechar estos primeros logros significa que las políticas tendrán que evolucionar en áreas que ya hemos discutido».

El FMI continúa monitoreando la difícil situación social del país y hace hincapié en que el ajuste no recaiga en los trabajadores. «Hemos estado enfatizando en la necesidad de aumentar la asistencia social para apoyar a los pobres y asegurar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras«, afirmó Kozack.

La implementación de las reformas macroeconómicas en Argentina se convierte en un desafío central para el gobierno, el FMI y la estabilidad económica del país. La necesidad de ampliar el apoyo político y asegurar medidas para proteger a las familias trabajadoras se presentan como una prioridad en este proceso de recuperación económica.


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