La demanda fue presentada por su esposa durante el proceso de divorcio, evidenciando el «fraude a la ganancialidad» que la perjudicaba económicamente.

Según detalló el medio Comercio y Justicia, durante el juicio, la mujer demostró que las inversiones en un terreno, planes de ahorro para cuatro vehículos y mejoras en la vivienda familiar estaban a nombre de su suegra, dejándola sin participación en esos activos. Además, ella solo figuraba con un 20% de las cuotas sociales de la empresa familiar, mientras que su esposo controlaba el 80% restante.

La Cámara aplicó el concepto de fraude y reconoció que la esposa tenía derecho a una parte del valor de los bienes registrados a nombre de la suegra, señalando la existencia de un desequilibrio económico en la relación, agravado por estereotipos de género y situaciones de violencia familiar.

Además, reconociendo que ella había contribuido financieramente a esas adquisiciones. 

Finalmente, la sentencia destacó la importancia de restablecer el equilibrio y la igualdad de género, en línea con las normativas constitucionales vigentes.