En medio de la falta de consenso por la ley Bases y sin el Pacto de Mayo, los gobernadores patagónicos están reactivando su frente unido para recuperar el protagonismo regional.

Reunidos en Puerto Madryn hace tres meses, los mandatarios de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén están en constante comunicación para negociar con el Gobierno Nacional y buscar soluciones a temas de interés común, como hidrocarburos, tarifas, energía y pesca.

Uno de los movimientos más destacados de esta alianza regional ha sido la presentación de amparos judiciales ante la Justicia federal. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, logró el apoyo de los principales partidos políticos, comerciantes y sociedad civil para presentar un amparo colectivo contra las subas de gas en la provincia. El documento fue firmado por los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, entre otros, y también cuenta con el respaldo de los senadores María Eugenia Duré, Cristina López y Pablo Blanco.

En el caso de Chubut, se están ultimando los detalles para presentar dos demandas judiciales: una por las tarifas y otra por los subsidios al transporte. El fiscal de Estado de la provincia denunció una «discriminación lamentable» y declaró que «tenemos que defender los intereses de los chubutenses».

Santa Cruz fue la primera en abrir el camino, presentando una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la que se reclama una respuesta clara por parte de los funcionarios de Nación. El gobernador Claudio Vidal también está en disputa con la administración libertaria por las tarifas y por la exclusión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de la lista de privatización.

Además, la parálisis de las obras en las represas Néstor Kichner y Jorge Cepernic ha dejado sin trabajo a más de 2.000 personas, por lo que la administración santacruceña reclama la firma de la Adenda XII para reactivar los proyectos.

Estas medidas judiciales y reclamos regionales representan un desafío para el Gobierno Nacional, ya que los gobernadores patagónicos tienen un importante peso político al ser 18 de los 72 senadores del país. La fortaleza y unidad de esta alianza regional será clave para avanzar en la defensa de los intereses comunes y mantener el protagonismo en la agenda política nacional.

A pesar de los obstáculos y de los movimientos internos del Gobierno, los gobernadores patagónicos están decididos a no ceder y a seguir luchando por el bienestar de sus provincias. La alianza regional se consolida, y la firmeza y determinación de estos líderes políticos podrían tener un impacto significativo en el futuro de la nueva ley ómnibus y en la agenda político-económica del país.