El Impuesto a las Ganancias sigue siendo tema de debate en la agenda legislativa. Esta vez, el Gobierno presenta su propuesta de modificar dicho impuesto, lo que implicaría que miles de trabajadores vuelvan a pagarlo y otros que no lo hacían antes ahora quedarían alcanzados.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, anticipó que se espera la incorporación de casi 955.000 nuevos contribuyentes con la nueva propuesta. La diferencia radica en que las alícuotas iniciales serían del 5%, llegando hasta el 35%, mientras que la vigente es del 27%.

La restitución de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos de discusión en el Senado. Esta modificación, aunque necesaria para reforzar los ingresos de las provincias, impactaría directamente en el bolsillo de miles de trabajadores. Sin embargo, el costo político de asumir este cambio podría ser alto.

Aún quedan dudas sobre el Mínimo No Imponible y las deducciones que se establecerán en la nueva propuesta. Sin embargo, según el informe presentado por Posse, se espera que cerca de 955.000 personas paguen Ganancias y que el Gobierno recaude una suma importante.

Si se mantiene la versión presentada por Diputados, los solteros deberán pagar el impuesto si sus ingresos brutos superan los $1,8 millones, mientras que los casados con dos hijos lo harán a partir de los $2,3 millones. Con esta propuesta, se incorporarían aproximadamente 955.000 nuevos contribuyentes al sistema impositivo. Las alícuotas, en este caso, serían del 5% al 35%.

«El Gobierno estima que este tributo recaudaría el 0,31% del Producto Bruto Interno (PBI). Actualmente tributan 195.729 personas y se espera que este número aumente a 1.150.000 contribuyentes», destacaron desde el Gobierno en su informe de gestión.

La modificación en Ganancias preocupa particularmente a los gobernadores de la región patagónica. En sectores como la industria petrolera y pesquera, donde los salarios suelen ser más altos, los ciudadanos de estas provincias se verían afectados. Es por esto que los gobernadores de la zona han estado trabajando en bloque desde enero pasado, cuando una ley amenazó con impactar en la industria pesquera.

El debate en el Senado continúa y se espera que las medidas adoptadas tengan un impacto significativo tanto en la recaudación como en los bolsillos de los trabajadores.