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Imputaron a 7 dirigentes sociales por un corte de ruta

La justicia rionegrina imputó este martes a siete personas por el delito de “impedimento y entorpecimiento de la circulación del transporte por tierra”, hecho que ocurrió en mayo pasado sobre la Ruta provincial 6, en el puente de Paso Córdoba, en Roca. Entre los procesados, está un integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Pablo Collio; junto a referentes de UTEP; MTE, Fenat y otras organizaciones.

Según la acusación del equipo fiscal, integrado por Marcelo Ramos y Vanesa Giardina el delito se concretó entre las 10:30 y las 16:30 horas aproximadamente. Los imputados se manifestaban y exigían mantener una reunión con personal del Ministerio de Desarrollo Humano. El grupo de personas estaba sobre la Ruta provincial 6, junto a otros sujetos que aún no fueron individualizados, que se alternaban y habrían impedido deliberadamente con su accionar el paso normal de vehículos de transporte por tierra y personal, relacionados al rubro de la explotación del petróleo.

Desde la fiscalía indicaron que el personal petrolero como particulares se habrían visto impedidos de ingresar a la ciudad de General Roca como de cruzar el puente en la dirección contraria. También entorpecían el normal funcionamiento del tránsito de los vehículos particulares y comerciales, al disponer deliberadamente cortes intermitentes durante el lapso de tiempo señalado

Como sustento probatorio el equipo fiscal presentó el acta de constatación del Destacamento Seguridad Vial de Paso Córdoba, las entrevistas a choferes de camiones y personas particulares, los informes de dominio de varios vehículos, entrevista con el delegado del Ministerio de Desarrollo Humano y los análisis de las cámaras de seguridad del 911.

Los defensores particulares de los imputados se opusieron a la formulación de cargos y a las medidas cautelares. Mientras que la Jueza de Garantías, Natalia González resolvió que las siete personas imputadas deberán fijar y mantener domicilio, no podrán ausentarse sin dar aviso a sus defensores o a la fiscalía, y además tienen la prohibición de salida del país sin previa autorización de la justicia.

Rechazaron las causas 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se repudió los cargos por los que fueron imputados siete dirigentes sociales de Río Negro que reclamaron por la falta de alimentos para comedores y merenderos, demandando una reunión con el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

 “El Ministerio Público Fiscal no tiene más objetivo que el de criminalizar la protesta social y adoctrinar a los movimientos sociales que luchan para garantizar un plato de comida a las cada día más familias que se encuentran sumidas en la pobreza. Lejos de garantizar derechos fundamentales como el alimento, la justicia trabaja una vez más para los intereses del poder concentrado. Quieren castigar la lucha, pero seguiremos reclamando y luchando por las causas justas” señaló esta mañana Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Río Negro.

En resumen:
Resumen en español del contenido en 100 palabras

La justicia rionegrina imputó este martes a siete personas por el delito de “impedimento y entorpecimiento de la circulación del transporte por tierra”, hecho que ocurrió en mayo pasado sobre la Ruta provincial 6, en el puente de Paso Córdoba, en Roca. Entre los procesados, está un integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Pablo Collio; junto a referentes de UTEP; MTE, Fenat y otras organizaciones.

Según la acusación del equipo fiscal, integrado por Marcelo Ramos y Vanesa Giardina el delito se concretó entre las 10:30 y las 16:30 horas aproximadamente. Los imputados se manifestaban y exigían mantener una reunión con personal del Ministerio de Desarrollo Humano. El grupo de personas estaba sobre la Ruta provincial 6, junto a otros sujetos que aún no fueron individualizados, que se alternaban y habrían impedido deliberadamente con su accionar el paso normal de vehículos de transporte por tierra y personal, relacionados al rubro de la explotación del petróleo.

Desde la fiscalía indicaron que el personal petrolero como particulares se habrían visto impedidos de ingresar a la ciudad de General Roca como de cruzar el puente en la dirección contraria. También entorpecían el normal funcionamiento del tránsito de los vehículos particulares y comerciales, al disponer deliberadamente cortes intermitentes durante el lapso de tiempo señalado

Como sustento probatorio el equipo fiscal presentó el acta de constatación del Destacamento Seguridad Vial de Paso Córdoba, las entrevistas a choferes de camiones y personas particulares, los informes de dominio de varios vehículos, entrevista con el delegado del Ministerio de Desarrollo Humano y los análisis de las cámaras de seguridad del 911.

Los defensores particulares de los imputados se opusieron a la formulación de cargos y a las medidas cautelares. Mientras que la Jueza de Garantías, Natalia González resolvió que las siete personas imputadas deberán fijar y mantener domicilio, no podrán ausentarse sin dar aviso a sus defensores o a la fiscalía, y además tienen la prohibición de salida del país sin previa autorización de la justicia.

Rechazaron las causas 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se repudió los cargos por los que fueron imputados siete dirigentes sociales de Río Negro que reclamaron por la falta de alimentos para comedores y merenderos, demandando una reunión con el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

 “El Ministerio Público Fiscal no tiene más objetivo que el de criminalizar la protesta social y adoctrinar a los movimientos sociales que luchan para garantizar un plato de comida a las cada día más familias que se encuentran sumidas en la pobreza. Lejos de garantizar derechos fundamentales como el alimento, la justicia trabaja una vez más para los intereses del poder concentrado. Quieren castigar la lucha, pero seguiremos reclamando y luchando por las causas justas” señaló esta mañana Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Río Negro.


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