El actual gobierno liderado por Javier Milei ha tomado una decisión que afectará a miles de trabajadores próximos a la edad jubilatoria. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), encabezada por Mariano de los Heros, anunció que no extenderá la moratoria previsional, una herramienta crucial que llegaba a su fin en marzo de 2025 y que fue diseñada para ayudar a aquellos que trabajaron en la informalidad.

Esta moratoria había sido vital para que dichos trabajadores, que cumplieron la edad para jubilarse pero no los años de aporte necesario debido a su trabajo informal, pudieran acceder a su jubilación. Aunque algunos críticos afirmaban que era una forma de jubilarse «gratis», muchos beneficiarios realizaban los aportes faltantes a través de su jubilación hasta cancelar su «deuda» con el sistema previsional. Sin embargo, este «deudor» no es más que el afectado por un sistema que no protegió adecuadamente a los trabajadores informales.

Durante una conferencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, De los Heros sostuvo que en el proyecto presupuestario no está contemplada la prórroga de dicha moratoria, lo que indica que no es parte de la agenda del gobierno continuarlo. La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, fue una de las que cuestionó la falta de acción en este sentido.

El gobierno defiende su posición afirmando que la Porción Universal para el Adulto Mayor (PUAM) brindará protección a la población vulnerable mayor de 65 años. Sin embargo, la PUAM sólo corresponde al 80% de la jubilación mínima, que en la realidad actual significa un ingreso significativamente bajo. Muchos se preguntan si esto es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los mayores.

A pesar de las críticas, la ley también derogaba las multas a los empresarios que emplean trabajadores «en negro», haciendo más difícil la fiscalización de las condiciones laborales y la regularización de aportes. Las nuevas disposiciones han causado controversia, y los trabajadores argentinos quedan atrapados en una red de decisiones políticas que les obligan a pactar sus jubilaciones a un costo individual elevado.

Aunque las cifras macroscópicas arrojan datos de una reducción de carga fiscal y un intento de enderezamiento de la economía, se estima que alrededor de 800 mil personas quedaron expuestas a esta disposición, justo cuando estaban próximas a cumplir con décadas de servicio laboral. Muchas personas mayores deberán enfrentar una jubilación prematura con ingresos reducidos, obligándolas a tomar decisiones difíciles acerca de sus futuros.