El mismo está organizado por la Oficina de Derechos Humanos y Género con la colaboración de la Escuela de Capacitación Judicial y se respalda en la Acordada N°1 del año 2019 del Superior Tribunal de Justicia, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencias para todas las personas que trabajan en el Poder Judicial.

Entre los objetivos centrales de la capacitación figuran “transversalizar” la perspectiva de Derechos Humanos y Géneros en toda la institución, “desnaturalizar” las estructuras binarias -incorporando la existencia de otras identidades de género- y “prevenir” prácticas discriminatorias en el desarrollo de las tareas judiciales.

La formación estará disponible desde el 28 de junio y tendrá una duración de 20 horas, bajo la modalidad virtual y autogestionada, a través del campus virtual de la Escuela de Capacitación Judicial. Constará de cuatro módulos, cada uno con su respectivo material de lectura y audiovisual. Para avanzar hacia el módulo siguiente, las personas deberán aprobar una evaluación en línea sobre el módulo finalizado.

La Unidad 1 será una introducción a los conceptos básicos de la temática, como expresión de género y orientación sexual. La Unidad 2 analizará las condiciones de existencia de las personas trans en la actualidad, abordando los problemas más habituales, las tasas de mortalidad, las violencias sociales, jurídicas e institucionales que padecen y las barreras que habitualmente obstaculizan su acceso a la justicia. La Unidad 3 será para conocer las normas nacionales e internacionales que están vigentes en la materia y la Unidad 4 analizará específicamente los desafíos que debe enfrentar el Poder Judicial y las herramientas que tiene para hacerlo.

Una cuestión de derechos
Entre los fundamentos del curso se expresa que la Ley Nacional N° 26.743 (Ley de Identidad de Género del año 2012) “garantiza el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género , a ser tratado de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificado de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.

Tal como ocurrió con la Ley Micaela, esta capacitación es obligatoria para la totalidad de empleados y empleadas judiciales; funcionarios y funcionarias de todos los organismos y jueces y juezas de todos los fueros e instancias.

La formación sigue los lineamientos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de CABA, que dirige la investigadora Diana Maffía.