Tras una intensa audiencia en la que hubo fuertes discusiones entre Juan Grabois y Leila Gianni, la Justicia confirmó la orden del juez Sebastián Casanello de que el Gobierno debe presentar un plan de distribución de los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

El recurso de apelación presentado por el Gobierno fue rechazado por la Cámara Federal, que afirmó que no existía una «intromisión indebida» de las autoridades judiciales en el caso.

El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto José Boico, establece que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, debe elaborar un plan de distribución de los alimentos retenidos, teniendo en cuenta su índole, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. Además, se determinó que el plan debe ser ejecutado de forma inmediata y se fijó un plazo de 72 horas para su presentación, el cual no fue cumplido por el Gobierno.

Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa.

PD: bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas. pic.twitter.com/zcoKrcDhYD

— Juan Grabois (@JuanGrabois) June 5, 2024

A pesar de la apelación del Gobierno alegando que el fallo era «arbitrario y contradictorio», la Cámara Federal rechazó la misma al considerar que no existía una intromisión indebida de la Justicia en el caso. Asimismo, se dejó en claro que el objetivo no era cuestionar las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria, sino determinar si hubo una actuación ilícita por parte de funcionarios públicos que empeoró la situación de un grupo de personas sin acceso a sus derechos humanos básicos.

En cuanto a la fuerte discusión entre Grabois y Gianni durante la audiencia, la Justicia lamentó que las voces de aquellos a quienes representa quedaran opacadas por gestos violentos y agresiones verbales. En este sentido, se remitieron los testimonios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Ministerio de Capital Humano para que evalúen las conductas de los involucrados.

Esta medida busca garantizar que los alimentos retenidos lleguen a quienes más lo necesiten, asegurando el acceso a derechos básicos para un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.