En un claro gesto en contra de la impunidad, la Cámara Federal de Casación rechazó de manera contundente el pedido de dos abogados defensores de genocidas para acceder a la prisión domiciliaria. Este anuncio llega en medio de rumores que sostienen posibles concesiones para los criminales de lesa humanidad.

El ministro de Defensa, Luis Petri, ya había dejado en claro que el gobierno no tenía planeado otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a los genocidas en vísperas de conmemorarse los 48 años del golpe militar. 

El plenario llevado a cabo en la Cámara de Casación debatió sobre los alcances de la prisión domiciliaria para los adultos mayores, y tuvo origen en el pedido de los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea. Estos abogados utilizaron el caso del desconocido genocida Diego Chemes, quien actuó en el centro de detención Vesubio.

Los defensores de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad han intentado obtener concesiones de la Casación desde hace tiempo. En el año 2022, solicitaron una reunión con la Cámara después de que el entonces presidente del tribunal, Alejandro Slokar,   (CELS).

Uno de los genocidas en cuestión, Diego Chemes, de 71 años de edad, ha estado detenido desde el año 2006. En 2011, fue condenado a 21 años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. Durante la pandemia del año 2020, Chemes fue enviado a su domicilio, pero esta medida fue revocada en 2022. El pasado 5 de diciembre, la Sala IV de la Casación negó un nuevo planteo del represor. El primer día hábil tras la asunción de Milei y Villarruel, los abogados Olea y Saint Jean solicitaron un plenario, argumentando que las diferentes Salas de la Casación no tienen una línea unificada.

Chemes, también conocido como «Polaco», era agente del Servicio Penitenciario en el campo de concentración ubicado en el partido de La Matanza. Durante su desempeño, se le escuchaba hablar sobre cómo se infiltraba en los barrios populares para detectar a militantes, e incluso se le veía llevar mandarinas a una secuestrada embarazada, diciendo: «Éste va a ser para mí», mientras observaba su vientre.

Con esta decisión de la Cámara de Casación, se manda un mensaje claro: no habrá lugar para la impunidad y se continuará luchando por la verdad y la justicia para las víctimas de la última dictadura militar.