La Corte Suprema de Justicia decretó que la empresa de Pablo Otero, conocido como el Rey del Tabaco, deberá comenzar a pagar los impuestos mínimos correspondientes a los cigarrillos que se había negado a abonar durante ocho años consecutivos.

Además, el tribunal se pronunciará respecto a la constitucionalidad de dicho impuesto, tras la presentación de Tabacalera Sarandí. La Procuración General deberá emitir un dictamen y los jueces podrán tomar una decisión definitiva sobre el asunto.

El fallo ordena que la empresa de Otero pague los tributos adeudados y desestima el recurso utilizado por el empresario para evitar el pago de dichos impuestos, a pesar de que el tribunal ya había revocado dos cautelares presentadas por él hace quince días. Estas acciones estaban respaldadas por el Código Procesal Civil, que establece que si existen dos sentencias favorables, se puede tomar esa decisión. Hasta el momento, Otero contaba con dos fallos favorables en primera y segunda instancia.

Por su parte, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti respaldaron la decisión de la Corte, mientras que Carlos Rosenkrantz se excusó debido a su pasado como abogado de la tabacalera Massalin. La determinación de la Corte se dio luego de una presentación de la AFIP, donde se solicitó dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que permitía a Tabacalera Sarandí continuar sin efectuar el pago de los impuestos hasta que la máxima autoridad se expidiera al respecto.

La Corte consideró oportuno anular dicho fallo ya que, según su criterio, la Cámara «ha inutilizado facultades fiscales por un monto excepcionalmente elevado, alterando el efecto del recurso presentado por la parte apelante contra la sentencia de fondo, solo requiriendo la caución juratoria de la parte apelada».

Durante estos últimos años, Otero había evadido el pago de estos impuestos gracias a la presentación de medidas cautelares. El empresario alegaba que el impuesto mínimo al tabaco era inconstitucional y suponía una expropiación. Además, Tabacalera Sarandí argumentaba ante los jueces que era una pequeña y mediana empresa, y que la suma de impuestos fijos le impedía competir en el mercado, ya que las marcas más conocidas ofrecían productos más asequibles. Gracias a esta estrategia legal, el Rey del Tabaco logró renovar las cautelares y evitar el pago del impuesto mínimo, posicionándose como uno de los principales actores del mercado.

Sin embargo, con el fallo de la Corte Suprema, ahora se espera que la empresa comience a pagar los impuestos adeudados y se habilite la ejecución de la deuda acumulada durante estos años.

Se estima que la deuda alcanza los 1.060 millones de dólares entre los años 2018 y 2023, aunque esta cifra podría aumentar debido a la falta de fiscalización de los años anteriores y el último año fiscal.

La decisión de la Corte Suprema marca un precedente importante en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas, y se espera que esta medida tenga un impacto significativo en el sector del tabaco y en otras industrias relacionadas.