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La delegación del Enacom, custodiada por un patrullero de la Federal

La delegación del Enacom, custodiada por un patrullero de la Federal

Trabajadores de la delegación Neuquén del Ente Nacional de Comunicaciones denunciaron que un patrullero de la Policía Federal está de consigna frente al edificio donde funcionaba el organismo, impidiendo el ingreso de sus trabajadores. Todas las delegaciones provinciales serán cerradas a partir del 1° de abril, según un decreto del gobierno nacional que se conoció el miércoles a última hora.

 

“Así amaneció la oficina del organismo donde trabajé los últimos 21 años. Para el Gobierno los despedidos somos posibles delincuentes, por eso mandan a la Policía Federal para que nos impidan el ingreso a buscar nuestras pertenencias”, enfatizó Flavio Ramírez, integrante del sindicato de Prensa.

 

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La delegada de ATE Enacom, Yara Girotti, expresó que el miércoles realizarán un abrazo simbólico en la sede central del Ente para visibilizar y reclamar por el cierre de todas las delegaciones nacionales. Y el viernes marcharán por las calles de Buenos Aires en un reclamo contra esta ofensiva sobre diferentes organismos estatales, desde Parques Nacionales a Anses.

 

Girotti recordó que una de las funciones principales del Enacom es el control y supervición del espacio radioeléctrico y todas las frecuencias, lo que pone en riesgo las comunicaciones en todo el país. “Las comunicaciones de los aviones con la torre de control; de las ambulancias con el hospital; de los patrulleros; los propios celulares de la gente, todo queda en riesgo si no se realizan los controles”, precisó.

 

Si bien la resolución no habla en forma directa de despidos, establece que en cada delegación “sólo quedarán dos empleados para realizar el inventario y llevar adelante el cierre”, explicó.

 

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Por su parte, Rodolgo Aguiar – secretario general de ATE nacional -, resaltó que el Enacom “cumple un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”.

 

Añadió que “el acceso a la conectividad de todos, especialmente de los sectores más vulnerables, es un derecho y también se traduce en una mayor integración de todo el país. Garantiza la conectividad en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, no ponen internet porque no es rentable”.

 

 

 


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