La Unidad Jurisdiccional N°3 de Roca (ex Juzgado Civil) ha tomado una decisión trascendental para la empresa Mundo Cristal SRL. Ante las graves denuncias de irregularidades y los conflictos internos que han paralizado su actividad durante semanas, se ha resuelto llevar a cabo una intervención judicial con el fin de regularizar su administración.

La jueza a cargo ha designado a una contadora del listado de Sindicatura del Poder Judicial como interventora judicial. Esta profesional contará con facultades para encauzar la organización interna y para realizar la regularización legal del funcionamiento de la sociedad, siguiendo las disposiciones establecidas en el contrato social, la Ley de Sociedades y ante la Inspección de Personas Jurídicas.

El objetivo de este proceso de regularización es lograr la normalización de Mundo Cristal SRL, y deberá finalizar con la celebración de una Asamblea Extraordinaria de socios de la empresa, que se llevará a cabo en la sede del juzgado.

Durante este proceso, también se tendrán en cuenta las demandas civiles y denuncias penales que recaen sobre un socio gerente, quien ha sido suspendido. Estas demandas han sido impulsadas por un grupo de accionistas que reclama participar en la administración de la empresa.

La situación actual ha llevado a la paralización de la empresa, y es por eso que la jueza ha considerado indispensable llevar a cabo esta intervención para evitar prolongar aún más esa paralización.

Habida cuenta de la cantidad de expedientes judiciales vinculados con Mundo Cristal SRL y del recrudecimiento del conflicto en las últimas semanas, la titular del Juzgado Civil ha tomado esta decisión para garantizar una pronta resolución del problema y evitar daños mayores para la sociedad.

Conflicto complejo: herederos en disputa y trabajadores como rehenes

El conflicto inicial entre accionistas deriva de una sucesión iniciada en 2020, tras el fallecimiento de uno de los dos socios gerentes. Siete personas fueron declaradas herederas legítimas de aquel socio y desde entonces han reclamado al otro gerente que les reconozca su participación en la empresa.

Aquella conflictiva derivó en más de 15 expedientes en materia civil y comercial, medidas cautelares y prohibiciones de acercamiento, investigaciones penales y expedientes de familia, implicando a casi todos los fueros del Poder Judicial. La complejización del conflicto ahora también repercute en reclamos de trabajadores, clientes y proveedores.

Ante este panorama, resulta de enorme complejidad poder avanzar judicialmente en una articulación eficiente y componedora de los intereses en tensión.

¿Cuáles son las condiciones para la reapertura?

Las instalaciones de la empresa permanecen cerradas por orden de la jueza. A pedido del Ministerio Público Fiscal también dispuso custodia policial.

La reapertura de la fábrica depende de que pueda encaminarse el proceso de regularización de la sociedad con la nueva interventora.

Para que la fábrica vuelva a funcionar es necesario que, previamente, se cumpla una serie de medidas ordenadas por el juzgado en las últimas semanas. Entre esas medidas se encuentran:

1- Normalizar la administración interna de la SRL. Esa será la función primordial de la interventora designada este martes. Cabe señalar que la complejidad del conflicto hizo que, en la última semana, cinco contadores que habían sido sorteados rechazaran la designación. 
2- La empresa deberá reconstruir los libros contables que denunció como perdidos. 
3- Una vez definido el nuevo órgano de administración de la empresa se podrán reintegrar las llaves de las instalaciones. Esa medida se iba a concretar la semana pasada pero resultó inviable ante la renuncia del interventor y el incumplimiento de compromisos que se habían asumido en el juzgado, en una audiencia realizada el 31 de julio.
4- La AFIP y a la Agencia de Recaudación de Río Negro deben responder los oficios enviados por la jueza para conocer balances, situación tributaria de la sociedad, nómina real de trabajadores declarados y estado de cobertura de la ART para garantizar la seguridad laboral de los empleados.