La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha emitido un comunicado aclarando la situación del expresidente Alberto Fernández en relación con sus labores docentes.

Según se informó, Fernández no dictará clases este cuatrimestre debido a que la cátedra en la que participa no alcanzó el ‘mínimo requerido de alumnos inscriptos’. Este hecho podría proporcionarle más tiempo al exmandatario para preparar su defensa ante la denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez.

Desde la Facultad confirmaron que ‘Durante el próximo cuatrimestre Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos’.

Cabe recordar que el expresidente ha sido parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho desde 1987, ejerciendo actualmente como profesor adjunto interino en la materia Teoría General del Delito. Su rol docente ha sido visible incluso durante su mandato, con excepción del periodo en que las clases presenciales fueron restringidas debido a la pandemia de coronavirus.

El retorno de Fernández a la docencia se había dado en mayo de 2022, lo cual podría estar en riesgo si se realiza un pedido formal para su suspensión preventiva mientras se investiga la denuncia por violencia de género interpuesta por Yáñez. Hasta el momento, el Decanato no ha recibido ninguna solicitud formal en este sentido, lo que deja la situación del expresidente en un limbo institucional.

Con relación al ámbito judicial, la justicia ha dictado una orden de restricción que impide a Fernández acercarse a Yáñez, con quien comparte un hijo de dos años, Francisco. Además, se le ha prohibido salir del país mientras continúa la investigación por violencia de género. Sin embargo, esta restricción no aplica a otra causa judicial que tramita bajo la jurisdicción del juez Julián Ercolini.

Este cúmulo de eventos coloca a Alberto Fernández en una posición compleja, tanto en el ámbito académico como judicial. En el interín, su futuro como docente de la UBA y su situación judicial serán observados de cerca por la opinión pública y las instituciones responsables de ambos ámbitos.