El Hecho y la Calificación

El 20 de abril del 2023, entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana un hombre de 41 años junto a su mujer no identificada, ingresó repentinamente y advirtió al oficial de guardia con las siguientes palabras: «Tenés que irte porque voy a tomar la Regional…”, «que te vayas porque sino va a ser peor para vos porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional”. Estas amenazas provocaron que el oficial se retirara por temor, según la descripción de la fiscalía.

Luego, las dos personas procedieron a bloquear las puertas con papel de diario y, manteniendo el control de las llaves del lugar, cerraron el portón que daba a la calle Córdoba. Esto perturbó la propiedad de la institución policial e impidió el acceso de cualquier persona a la entidad pública de la policía.

Según la fiscalía, esta conducta perturbó el funcionamiento de quienes estaban desempeñando sus labores en dicha unidad. En el exterior, unas treinta personas encapuchadas obstaculizaron el acceso a la dependencia. Un portón fue bloqueado con un vehículo, y el otro con dos contenedores.

Además, el acusado utilizó una grabación pública para convocar a otras personas a tomar la Unidad, incitando a la comisión de delitos contra la institución y alterando el orden público, según el relato del equipo fiscal.

La calificación legal presentada por el Ministerio Público Fiscal es la de «coacción, turbación de la tenencia, perturbación del ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real», en virtud de los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., 181 inc 3, 209 y 241 inc 1, última parte.

Oposición a la Solicitud de Suspensión del Juicio a Prueba

El defensor penal público que representó al acusado explicó que, dadas las circunstancias y el hecho de que la pena máxima no excedería los 3 años de prisión, y considerando que el acusado no tiene antecedentes penales computables, era posible optar por la suspensión del juicio a prueba.

Presentaron esta propuesta, que implicaba ofrecer una compensación económica, especialmente teniendo en cuenta que el acusado tiene a su cargo a dos hijos y no recibe una pensión por parte de la institución policial.

Por su parte, la fiscal jefa argumentó la oposición. Argumentó que los hechos mencionados generaron una gran preocupación en la sociedad y causaron alarma social. Se trató de un acto disruptivo de la institucionalidad que transgredió las normas y tuvo lugar en la sede de la subjefatura de la policía. También señaló que el acusado ya había sido despedido anteriormente por un incidente similar por parte de la institución.

El juez a cargo de la audiencia de control de acusación, donde se deben plantear estas cuestiones antes del juicio, expresó que el hecho de que se haya perturbado la paz social era argumento suficiente para aceptar la oposición de la fiscalía y rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa.

Finalmente, ante la negativa, el defensor penal público pidió un receso y solicitó que se programara una nueva audiencia para el control de acusación. 

El Hecho y la Calificación

El 20 de abril del 2023, entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana un hombre de 41 años junto a su mujer no identificada, ingresó repentinamente y advirtió al oficial de guardia con las siguientes palabras: «Tenés que irte porque voy a tomar la Regional…”, «que te vayas porque sino va a ser peor para vos porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional”. Estas amenazas provocaron que el oficial se retirara por temor, según la descripción de la fiscalía.

Luego, las dos personas procedieron a bloquear las puertas con papel de diario y, manteniendo el control de las llaves del lugar, cerraron el portón que daba a la calle Córdoba. Esto perturbó la propiedad de la institución policial e impidió el acceso de cualquier persona a la entidad pública de la policía.

Según la fiscalía, esta conducta perturbó el funcionamiento de quienes estaban desempeñando sus labores en dicha unidad. En el exterior, unas treinta personas encapuchadas obstaculizaron el acceso a la dependencia. Un portón fue bloqueado con un vehículo, y el otro con dos contenedores.

Además, el acusado utilizó una grabación pública para convocar a otras personas a tomar la Unidad, incitando a la comisión de delitos contra la institución y alterando el orden público, según el relato del equipo fiscal.

La calificación legal presentada por el Ministerio Público Fiscal es la de «coacción, turbación de la tenencia, perturbación del ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real», en virtud de los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., 181 inc 3, 209 y 241 inc 1, última parte.

Oposición a la Solicitud de Suspensión del Juicio a Prueba

El defensor penal público que representó al acusado explicó que, dadas las circunstancias y el hecho de que la pena máxima no excedería los 3 años de prisión, y considerando que el acusado no tiene antecedentes penales computables, era posible optar por la suspensión del juicio a prueba.

Presentaron esta propuesta, que implicaba ofrecer una compensación económica, especialmente teniendo en cuenta que el acusado tiene a su cargo a dos hijos y no recibe una pensión por parte de la institución policial.

Por su parte, la fiscal jefa argumentó la oposición. Argumentó que los hechos mencionados generaron una gran preocupación en la sociedad y causaron alarma social. Se trató de un acto disruptivo de la institucionalidad que transgredió las normas y tuvo lugar en la sede de la subjefatura de la policía. También señaló que el acusado ya había sido despedido anteriormente por un incidente similar por parte de la institución.

El juez a cargo de la audiencia de control de acusación, donde se deben plantear estas cuestiones antes del juicio, expresó que el hecho de que se haya perturbado la paz social era argumento suficiente para aceptar la oposición de la fiscalía y rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa.

Finalmente, ante la negativa, el defensor penal público pidió un receso y solicitó que se programara una nueva audiencia para el control de acusación. 

El Hecho y la Calificación

El 20 de abril del 2023, entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana un hombre de 41 años junto a su mujer no identificada, ingresó repentinamente y advirtió al oficial de guardia con las siguientes palabras: «Tenés que irte porque voy a tomar la Regional…”, «que te vayas porque sino va a ser peor para vos porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional”. Estas amenazas provocaron que el oficial se retirara por temor, según la descripción de la fiscalía.

Luego, las dos personas procedieron a bloquear las puertas con papel de diario y, manteniendo el control de las llaves del lugar, cerraron el portón que daba a la calle Córdoba. Esto perturbó la propiedad de la institución policial e impidió el acceso de cualquier persona a la entidad pública de la policía.

Según la fiscalía, esta conducta perturbó el funcionamiento de quienes estaban desempeñando sus labores en dicha unidad. En el exterior, unas treinta personas encapuchadas obstaculizaron el acceso a la dependencia. Un portón fue bloqueado con un vehículo, y el otro con dos contenedores.

Además, el acusado utilizó una grabación pública para convocar a otras personas a tomar la Unidad, incitando a la comisión de delitos contra la institución y alterando el orden público, según el relato del equipo fiscal.

La calificación legal presentada por el Ministerio Público Fiscal es la de «coacción, turbación de la tenencia, perturbación del ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real», en virtud de los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., 181 inc 3, 209 y 241 inc 1, última parte.

Oposición a la Solicitud de Suspensión del Juicio a Prueba

El defensor penal público que representó al acusado explicó que, dadas las circunstancias y el hecho de que la pena máxima no excedería los 3 años de prisión, y considerando que el acusado no tiene antecedentes penales computables, era posible optar por la suspensión del juicio a prueba.

Presentaron esta propuesta, que implicaba ofrecer una compensación económica, especialmente teniendo en cuenta que el acusado tiene a su cargo a dos hijos y no recibe una pensión por parte de la institución policial.

Por su parte, la fiscal jefa argumentó la oposición. Argumentó que los hechos mencionados generaron una gran preocupación en la sociedad y causaron alarma social. Se trató de un acto disruptivo de la institucionalidad que transgredió las normas y tuvo lugar en la sede de la subjefatura de la policía. También señaló que el acusado ya había sido despedido anteriormente por un incidente similar por parte de la institución.

El juez a cargo de la audiencia de control de acusación, donde se deben plantear estas cuestiones antes del juicio, expresó que el hecho de que se haya perturbado la paz social era argumento suficiente para aceptar la oposición de la fiscalía y rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa.

Finalmente, ante la negativa, el defensor penal público pidió un receso y solicitó que se programara una nueva audiencia para el control de acusación.