Tras siete años de espera, el Superior Tribunal de Justicia confirmó por unanimidad que una mujer policía del Alto Valle víctima de violencia de género sea reincorporada a sus tareas, que obtenga una indemnización económica por daños morales y además, se obligó a la institución a realizar capacitaciones basadas en la Ley Micaela.

Todo ocurrió una noche de 2015 cuando el agresor ingresó a la vivienda de la mujer, la agredió físicamente y amenazó con el arma reglamentaria a ella y a su hija. En un descuido, la víctima escapó a la calle pero escuchó un disparo. Al regresar pudo constatar que el hombre había intentado suicidarse y murió camino al hospital mientras lo trasladaba la ambulancia.

Ocurridos los hechos, la fuerza de seguridad decidió desafectar a la mujer de su puesto de trabajo porque la violencia que padecía «afectaba su rendimiento”. Tras una investigación, se pudo constatar que la última vez que el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y luego se suicidó.

Por su parte, tras tomar conocimiento de los hechos la institución le inició un sumario a la víctima por negligencia en el cuidado de la pistola. Además de darle de baja, le desaprobaron el primer año de período de prueba en la policía.

Luego de 7 años de sobrellevar y luchar en tribunales, la justicia confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia donde discrepó con el monto de la indemnización (1.500.000 de pesos con intereses) y en la obligación que se le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

Un fallo con perspectiva de género

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Finalmente, el máximo Tribunal confirmó la indemnización económica por unanimidad y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

En el fallo se argumentó que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499-, conocida públicamente como Ley Micaela y se sustenta en los hechos que el tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se enfatizó en que la relevancia social que tomó el caso merece una atención especial por parte de la jefatura policial.

Por su parte, se destacó que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

En este aspecto, se resolvió que una vez que el personal policial haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género (tal como se argumentó en el recurso), deberán acreditarse en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

De qué se trata la Ley Micaela

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La ley 27.499 toma su nombre de Micaela García, por una joven entrerriana de 21 años, víctima de femicidio. En abril de 2017, en Gualeguay, Micaela fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes penales por abuso sexual pero gozaba de libertad condicional.
La lucha por justicia de su familia y sus amistades, y el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes

Con carácter obligatorio, la Ley Micaela busca capacitar en temas de género y de violencia por motivos de género a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.