El Juzgado de Ejecución Penal, desestimó la petición de visita domiciliaria, así como la propuesta de traslado al Penal 5 de Cipolletti para facilitar las visitas de su hija. El juez Lucas Lizzi fundamentó la decisión en el dictamen negativo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tras un informe psicológico desfavorable, que indicaba que Forno padecía «trastorno de personalidad» y carecía de empatía.

Según informaron, Forno buscó de todas formas obtener beneficios para ver a su hija menor, pero le rechazaron sus solicitudes en una audiencia realizada dos días antes de la última Navidad. Mientras que el pedido de traslado al Penal cipoleño fue rechazado con la explicación de que es el SPP quien decide la ubicación de los presos. La fiscal Adjunta Ivana Vassellati también se manifestó en contra de las demandas de Forno, respaldando el dictamen del SPP y señalando que “el informe social indicaba que existían familiares mayores capaces de acompañar a la menor al penal”.

El abogado defensor, Miguel Ángel Zeballos Díaz, argumentó que “promover vínculos familiares era beneficioso para la reinserción social” y cuestionó la falta de visitas que Forno recibía en Roca.

Sin embargo, la decisión judicial no favoreció las solicitudes, y Forno, quien en su momento fue empleado judicial, deberá continuar cumpliendo una condena de 33 años tras las rejas,  por su participación en numerosos robos entre 2015 y 2016 en la región. Sumado a esto, están los cargos por defraudación a la administración pública, por alterar oficios con el fin de que otras personas realicen cobros en bancos de la ciudad.