La Justicia dispuso la realización de 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por el presunto delito de extorsión a beneficiarios de planes. La indagación, que se originó a partir de las denuncias recibidas a través de la línea 134, implica a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

La Línea 134 fue habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para que los beneficiarios de planes sociales pudieran informar amenazas por parte de los dirigentes piqueteros. A raíz de estas denuncias, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, ordenó los allanamientos y solicitó la citación a declaración indagatoria de los involucrados.

Según fuentes de la causa, los dirigentes investigados habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas, así como la entrega de una porción de dinero. En algunos casos, se habría advertido a los beneficiarios que se les daría de baja el plan social si no cumplían con estas exigencias. Hasta el momento, se han registrado un total de 924 casos.

Las pesquisas también indican que los imputados habrían canalizado los fondos ilegales provenientes de las extorsiones a través de cooperativas, sin que se conozca el destino final de dicho dinero. Por este motivo, se ha solicitado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas con el objetivo de obtener un panorama global de sus patrimonios y determinar si obtuvieron beneficios económicos.

Además de los allanamientos, el Tribunal ha ordenado el secuestro de los dispositivos electrónicos pertenecientes a los imputados, ya que la mayoría de las extorsiones se llevaban a cabo mediante el uso de estos medios. También se han secuestrado planillas, cuadernos de asistencias, registros de pagos, documentación relacionada con planes sociales y tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.