En una de sus últimas intervenciones, la jueza Civil que lleva el caso definió que el inventario de la fábrica deberá finalizar en los próximos días para que la firma pueda empezar a operar nuevamente.

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La empresa tiene siete dueños; la mujer del socio gerente mayoritario de Mundo Cristal, los cinco hijos y su hija. El proceso judicial tiene dos partes en litigio: los demandados, que son dos de los hijos (uno de los cuales es socio gerente suspendido de sus funciones) y los demandantes, que son la madre (socia gerenta designada el pasado 6 de septiembre), más tres hijos y la hija. Este último grupo había iniciado la demanda tras el fallecimiento de su esposo y padre, quien era el socio gerente mayoritario, para reclamar que se reconozca su participación hereditaria en la administración empresarial.

Es importante destacar que solo estas siete personas están involucradas en el proceso judicial en el Juzgado Civil N° 3. Esto significa que los acreedores, trabajadores, proveedores, clientes, etc., no son parte del proceso y la jueza civil no puede tomar decisiones relacionadas con sus intereses.

Según el Estatuto de la empresa y la Ley de Sociedades Comerciales, la socia gerenta tiene plenos poderes para representar y administrar la empresa, mientras que la firma del segundo socio gerente, actualmente suspendido, es necesaria solo para comprar o vender inmuebles y para hipotecar o prendar bienes de la sociedad.

En una Asamblea Extraordinaria realizada el miércoles 6 de septiembre, los siete socios acordaron designar a la madre como socia gerenta, en lugar de su esposo fallecido, cumpliendo con la Ley de Sociedades Comerciales. 

La Asamblea se llevó a cabo en forma mixta debido a medidas cautelares, y se logró un acuerdo sobre la redistribución de las cuotas sociales. Esto marcó el inicio del proceso de regularización interna, con dos gerentes nuevamente. Además, se acordó reactivar el giro comercial de la empresa con un inventario programado para los días siguientes.

El jueves el juzgado envió oficios a los bancos para que la nueva gerenta obtuviera las claves comerciales y el grupo autorizado ingresó a la empresa para comenzar el inventario.

Sin embargo la calma duró hasta el viernes de esa semana cuando se reportaron actos de violencia en la planta. Ante está situación, la jueza ordenó a los demandados cesar y desocupar el lugar bajo amenaza de astreintes. La jueza consideró que los hechos constituían violencia psicológica, económica y simbólica contra la mujer, socia gerenta. Se impuso una multa a los demandados y se apeló la decisión.

A comienzos de la semana pasada, desde la justicia se aplicaron astreintes debido a más incidentes. La jueza autorizó a la gerenta a cambiar cerraduras y extendió la suspensión del socio gerente. Se denunciaron nuevos disturbios y la jueza ordenó desocupar el predio.

Hasta el martes pasado, la jueza dejó establecido un plazo para finalizar el inventario y permitió el acceso limitado de personas a la empresa. Prevén que próximamente la gerenta pueda reanudar el giro de la empresa.