El municipio de Roca labró 719 actas de infracción a la empresa ARSA en apenas tres meses, por pérdidas y desbordes de agua potable y líquidos cloacales.

El número impacta, a pesar de que no resulte novedoso advertir que por las calles roquenses se pierden a diario miles de litros de un insumo que escasea a nivel regional y mundial.

Ese promedio de casi 8 actas diarias surge de las estadísticas que el Ejecutivo local difunde cada semana en sus partes de prensa oficiales, desde marzo.

Una nueva estrategia para una antigua batalla política. El gobierno municipal y la firma del Estado provincial protagonizan cruces desde hace más de 10 años, con dinámicas y estilos más o menos beligerantes, pero siempre con una escasa predisposición al diálogo para solucionar de una vez y para siempre los problemas que padecen los vecinos.

Ese mismo número inicial explica la decisión de alimentar el fuego, antes que apagarlo.

¿Alguien cree realmente en el municipio que las autoridades de ARSA -políticas u operativas- van a asustarse y ordenar el inmediato pago de esas multas? ¿Considera algún funcionario de la gestión Soria que dentro de la empresa provincial temen por la imagen que están dando ante los roquenses y ante eso, transferirán millones de pesos al municipio para mejorar la percepción de los usuarios?

Todos, de un lado y de otro, saben que no se trata de un conflicto librado a partir de la convicción de que los incumplimientos en la prestación de un servicio deben tener su correspondiente sanción y medida reparatoria.

Por eso, dentro de una oficina de ARSA se acumulan todas las actas y notificaciones emitidas por el municipio, sin que se haya pagado un peso durante los últimos años, según informaron fuentes de la empresa.

Para tener dimensión de la cantidad de procesos iniciados alcanza con recordar que en marzo del 2018 el Ejecutivo local salió a reclamar 22 millones de pesos por multas impagas. La respuesta llegó rápido en ese momento, porque la empresa provincial reveló que el municipio debía más de 16 millones por servicios de agua potable y tratamiento de líquidos cloacales en sus dependencias.

El problema para los roquenses es que ese juego político, donde uno es el rígido defensor de las normas y el otro es el incumplidor crónico, cuesta dinero. Y mucho.

El despliegue de los inspectores, el dispendio de recursos asignados al Juzgado Municipal de Faltas para resolver una y otra vez situaciones casi calcadas, el área legal de ARSA que debe contestar cada intimación, el movimiento de la Justicia ordinaria cuando los casos llegan a sentencia y son apelados… nada de eso es gratuito para el Estado.

La conclusión es de doble pérdida para los ciudadanos. Sus impuestos y tasas solventan la disputa política entre funcionarios locales y provinciales, y al mismo tiempo las calles siguen evidenciando el colapso de las redes.

Tal vez sería una mejor inversión -de tiempo y de dinero- que el municipio active sus contactos en el gobierno nacional, para licitar el Plan Director de Agua Potable, presentado en julio del 2020.

La gestión Soria fue eficiente y tuvo éxito cuando se propuso ayudar a que se licite el Plan Director de Cloacas, por lo tanto no hay razones para dudar que, si tiene voluntad, las pérdidas de agua potable también podrían reducirse al mínimo en un futuro cercano.