Las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias y municipios han sufrido un drástico descenso en los primeros cuatro meses del año. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos recursos han disminuido en un 89,5%, totalizando tan solo $108.997 millones en comparación con los $295.920 millones del mismo período del año pasado.

La cifra abarca únicamente los giros discrecionales por parte del Gobierno central, aunque los recursos tributarios de la coparticipación también han experimentado fuertes reducciones. Esto deja a las jurisdicciones con menos ingresos, tanto por la asistencia financiera directa como por la disminución en la recaudación de impuestos compartidos.

El dato se conoce en plenas negociaciones por la Ley de Bases en el Senado, donde el Gobierno espera contar con el apoyo de los gobernadores, al menos para implementar el paquete fiscal. Esa ley repone el impuesto a las Ganancias, que es coparticipable, e impulsa un blanqueo impositivo, cuya recaudación también se compartiría con las provincias. Aun así, esos aportes difícilmente compensen el impacto de la crisis.

En cuanto a la distribución de los recursos por provincia, Buenos Aires encabeza el ranking de mayor asistencia recibida. De todas formas, ha experimentado una caída del 72% en comparación con el año pasado. En segundo lugar se encuentra Chaco, seguido de Santa Fe, Córdoba y La Rioja, todas ellas registrando igualmente recortes en su asistencia financiera.

El ajuste en las transferencias no automáticas a las provincias se presenta como uno de los puntos críticos del plan de ordenamiento de las cuentas públicas nacionales, que ha registrado superávit financiero por cuarto mes consecutivo. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el superávit financiero acumulado en el año representa el 0,2% del PIB, gracias a un superávit primario de $264.952 millones y a los intereses de la deuda pública.