En un caso que involucra a un hombre y su hijo, ambos involucrados en un juicio por los delitos de lesiones graves y amenazas. Fue una única trompada en medio de una discusión con un vecino en la zona rural de Roca la cual podía costarles entre uno y seis años de prisión. Sin embargo, una propuesta de la defensa fue bien recibida por la fiscalía y la víctima, permitiendo resolver el conflicto mediante una reparación económica.

El juez analizó los hechos y consideró la propuesta bajo lo dispuesto por el Código Procesal Penal, que establece que «los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social».

El hecho ocurrió en abril de 2023, cuando el padre y su hijo, enfadados porque una vaca de su propiedad había ingresado a la chacra del vecino, fueron a reclamarle. La discusión terminó con un golpe en la mandíbula del chacarero, que le provocó la pérdida de un diente. Según la pericia, la pérdida de esa pieza dental causó un «debilitamiento de la función masticatoria», configurando el delito de lesiones graves.

En una audiencia previa al juicio, la Fiscalía y la Defensa acordaron una reparación de 400.000 pesos, pagaderos en dos cuotas. La víctima aceptó la propuesta y proporcionó un número de cuenta para recibir los pagos. En septiembre recibió la primera transferencia, y a comienzos de octubre se le abonó la segunda.

Para aceptar el acuerdo, la fiscalía consideró la naturaleza de los hechos, la extensión del daño y la conformidad de la víctima, destacando que la reparación permite resolver el conflicto conforme al espíritu del Código Procesal Penal.

En la audiencia final, al constatarse el cumplimiento total del acuerdo, el juez aplicó el «criterio de oportunidad». Esta reparación económica, si es aceptada por todas las partes y los compromisos son cumplidos, extingue la acción penal por la reparación integral del perjuicio, resultando en el sobreseimiento de los acusados.

El juez subrayó la importancia de utilizar estas herramientas de resolución de conflictos en el ámbito penal, fundamentadas en principios constitucionales como la mínima intervención estatal, la mínima injerencia del derecho penal y la máxima protección a la víctima, destacando que la pena debe ser considerada como última instancia.