El ex jefe comunal de Cinco Saltos, Germán Epul, y su secretario de Gobierno, Diego Palacios, deberán enfrentar un juicio por el delito de administración fraudulenta. Están imputados de haber dirigido una licitación para compra de adoquines en beneficio de la empresa Nalozano, que finalmente no entregó los materiales. La fiscalía adelantó que pedirá una condena de más de tres años de prisión, por lo que sería de cumplimiento efectivo.

Al inicio de la investigación, el titular de la firma había sido imputado por el delito de estafa a la administración pública, pero finalmente fue sobreseído y su testimonio servirá para la acusación contra Epul. Según sus explicaciones, fue presionado por el ex intendente y Palacios para presentarse en la licitación y comprar una planta de adoquines. Pero la empresa quebró y la maquinaria terminó en manos de uno de los ex funcionarios.

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Epul fue electo intendente de Cinco Saltos en 2015 – cuando derrotó a la entonces jefa comunal, Liliana Alvarado; y buscó su reelección en 2019, pero fue derrotado justamente por Alvarado.

Según la fiscalía, la maniobra consistió en camuflar un pliego de licitaciones para direccionarla en favor de una empresa. Esta no estaba inscripta entre los proveedores municipales y tampoco tenía como objeto social la venta de adoquines que era el producto a adquirir.

A su vez, la firma ganadora de la licitación no dio cuenta de la calidad de los materiales según las normas IRAM, siendo este uno de los requisitos que disponía el propio pliego. Al proceso, se habían presentado otras dos empresas, que si bien cotizaron los costos en un monto mayor, efectivamente cumplían con todos los requisitos previstos en la normativa municipal.

Para los representantes del Ministerio Público, el ex jefe comunal abonó los materiales incumpliendo las ordenanzas locales toda vez que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines. En conclusión, según la acusación, Nalozano no realizó la entrega en la cantidad y la calidad estipulada produciendo un perjuicio millonario para el municipio de Cinco Saltos.

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Entre las evidencias recolectadas durante la investigación, la fiscalía adelantó que convocará a juicio a 16 testigos entre los que se encuentran ex funcionarios municipales, referentes de la empresa Nalozano y policías que intervinieron en la investigación. Además, se deberán analizar múltiples documentos municipales que acreditan los pagos realizados y la normativa legal comunal.

En los próximos días, el juez que interviene en el caso dictará el correspondiente auto de apertura a juicio. Desde ese momento, la oficina judicial estará habilitada para fijar la fecha del debate oral y público donde se resolverá el caso.

Teniendo en cuenta que la fiscalía solicitará una pena de más de tres años de prisión, en el juicio se solicitó la intervención de un tribunal colegiado, integrado por tres jueces profesionales.