La Legislatura rionegrina aprobó la ley que propone regular y controlar las actividades vinculadas con el acopio, comercialización y transporte de los metales no ferrosos en la provincia de Río Negro, y establecer un registro provincial de recolectores y comercializadores de este material.

Con esta iniciativa el Poder Ejecutivo busca dar respuesta a una problemática delictiva creciente en los últimos tiempos en el territorio provincial.

La legisladora Marcela Ávila (JSRN) afirmó que “el robo de cables, de transformadores de potencia eléctrica, de medidores de agua, las vandalizaciones en cementerios, han tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante”, y que ocurren en la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, muy preciados en el mercado ilegal luego de la pandemia.

Se estimó que solo en el Alto Valle, en los primeros seis meses del año 2023, la empresa prestadora del servicio público de electricidad en esa región estimó una sustracción de alrededor de 10 mil metros de cable de baja tensión y alrededor de 5 mil de media tensión, y la destrucción de unos 130 transformadores de potencia.

La regulación que emprende esta ley incluye el acopio, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, compraventa ambulante, desarmaderos, chatarrerías, depósitos, recuperadoras adquisiciones a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

El Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y el ámbito en el cual se creará el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.

La Legislatura rionegrina aprobó la ley que propone regular y controlar las actividades vinculadas con el acopio, comercialización y transporte de los metales no ferrosos en la provincia de Río Negro, y establecer un registro provincial de recolectores y comercializadores de este material.

Con esta iniciativa el Poder Ejecutivo busca dar respuesta a una problemática delictiva creciente en los últimos tiempos en el territorio provincial.

La legisladora Marcela Ávila (JSRN) afirmó que “el robo de cables, de transformadores de potencia eléctrica, de medidores de agua, las vandalizaciones en cementerios, han tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante”, y que ocurren en la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, muy preciados en el mercado ilegal luego de la pandemia.

Se estimó que solo en el Alto Valle, en los primeros seis meses del año 2023, la empresa prestadora del servicio público de electricidad en esa región estimó una sustracción de alrededor de 10 mil metros de cable de baja tensión y alrededor de 5 mil de media tensión, y la destrucción de unos 130 transformadores de potencia.

La regulación que emprende esta ley incluye el acopio, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, compraventa ambulante, desarmaderos, chatarrerías, depósitos, recuperadoras adquisiciones a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

El Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y el ámbito en el cual se creará el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.