En un hecho inédito, que pone en relieve la flagrante violación de las regulaciones vigentes, la casa construida en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba deberá ser demolida. La sentencia de la Justicia de Faltas municipal de Roca no solo declaró su carácter antirreglamentario, sino que también destacó la gravedad de la infracción cometida, por lo que además de destruirla, los millonarios inversores deberán pagar una multa de más de 12 millones de pesos.

El pasado lunes, el municipio de Roca hizo pública la batalla que le planteó a inversores que decidieron levantar una mansión en Paso Córdoba, a escasos kilómetros del río Negro, sobre la margen sur, un lugar de un incalculable valor ambiental y paleontológico, por lo que desde 1997 fue declarado como Área Natural Protegida.

Trascendió que son tres jóvenes empresarios los que decidieron levantar una impresionante mansión en un puesto ubicado a pocos kilómetros del puente que une las dos márgenes del río, y muy cerca de la capilla de la Virgen Misionera, donde cientos de personas transitan a diario para hacer actividades físicas o ceremonias religiosas. La casona cuenta con dos plantas y edificaciones adyacentes, y se ve desde lejos.

Los inspectores municipales detectaron la carencia de plano aprobado, permiso municipal y hasta de un cartel de obra. A pesar de las actas de infracción y la orden de paralización inmediata emitida por el municipio, los propietarios, con una actitud desafiante, continuaron con la construcción. Menos aún, no existe un estudio de impacto ambiental, obligatorio para cualquier tipo de emprendimiento en el lugar.

Por eso luego de varias intimaciones, el caso llegó a la Justicia de Faltas, que falló en contra de los empresarios y deberán demoler la obra, además del pago de una multa superior a los 12 millones de pesos. Luego de días de polémica, en los que incluso trascendió a través de algunos medios cercanos a los empresarios que se trataba de un proyecto turístico que generaría puestos de trabajo en la ciudad, el asesor legal del municipio explicó que «para cualquier tipo de construcción, no solo en un Área Natural Protegida, es imperativo contar con la habilitación correspondiente antes de iniciar las obras”.

En un acto de desobediencia a las normas, esta construcción se llevó a cabo sin los permisos necesarios que desencadenaron en la intervención del municipio: «Se detectó el trabajo de construcción y, desde la dirección de medio ambiente y la dirección de arquitectura, se los intimó a que paralicen la obra», Sin embargo los inversores decidieron continuar. «La primera notificación les llegó a finales del 2023, cuando la construcción apenas estaba en sus inicios».

Sobre la identidad de los inversores, Urquiaga puso sobre relieve que no era necesario que se hicieran público, y mantuvo la posición fijada desde el Municipio al bloquear cualquier tipo de información que permita identificar a los propietarios de la mansión, aunque trascendió que al menos uno de ellos tendría una relación cercana con una importante histórica familia dedicada a los medios de comunicación impresos con base en la ciudad. 

Además, el abogado fue muy claro con respecto de la sentencia del Juzgado de Faltas, que por la violación descarada de las normativas vigentes, se le impuso un plazo de 60 días para ejecutar la demolición. Pese a las notificaciones, la sentencia y la repercusión pública que tomó la medida, los propietarios se mantuvieron en silencio, sin acercarse al área de Asuntos Jurídicos del municipio.

Pese a la justificación con fines turísticos, que publicó un medio regional, y los puestos de trabajo que generaría el proyecto, hay un antecedente histórico en relación a la radicación de emprendimientos en Paso Córdoba, entre 1999 y 2000, la prestigiosa bodega Escorihuela decidió invertir en el área 8 millones de dólares. En aquel momento había adquirido un pliego para acceder a 300 hectáreas que subastaba el municipio, sin embargo el proyecto no prosperó por la falta de autorizaciones al no encajar dentro de lo reglamentado en la Ley de Área Natural Protegida y las ordenanzas locales que regulan la utilización de esas tierras.

En un hecho inédito, que pone en relieve la flagrante violación de las regulaciones vigentes, la casa construida en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba deberá ser demolida. La sentencia de la Justicia de Faltas municipal de Roca no solo declaró su carácter antirreglamentario, sino que también destacó la gravedad de la infracción cometida, por lo que además de destruirla, los millonarios inversores deberán pagar una multa de más de 12 millones de pesos.

El pasado lunes, el municipio de Roca hizo pública la batalla que le planteó a inversores que decidieron levantar una mansión en Paso Córdoba, a escasos kilómetros del río Negro, sobre la margen sur, un lugar de un incalculable valor ambiental y paleontológico, por lo que desde 1997 fue declarado como Área Natural Protegida.

Trascendió que son tres jóvenes empresarios los que decidieron levantar una impresionante mansión en un puesto ubicado a pocos kilómetros del puente que une las dos márgenes del río, y muy cerca de la capilla de la Virgen Misionera, donde cientos de personas transitan a diario para hacer actividades físicas o ceremonias religiosas. La casona cuenta con dos plantas y edificaciones adyacentes, y se ve desde lejos.

Los inspectores municipales detectaron la carencia de plano aprobado, permiso municipal y hasta de un cartel de obra. A pesar de las actas de infracción y la orden de paralización inmediata emitida por el municipio, los propietarios, con una actitud desafiante, continuaron con la construcción. Menos aún, no existe un estudio de impacto ambiental, obligatorio para cualquier tipo de emprendimiento en el lugar.

Por eso luego de varias intimaciones, el caso llegó a la Justicia de Faltas, que falló en contra de los empresarios y deberán demoler la obra, además del pago de una multa superior a los 12 millones de pesos. Luego de días de polémica, en los que incluso trascendió a través de algunos medios cercanos a los empresarios que se trataba de un proyecto turístico que generaría puestos de trabajo en la ciudad, el asesor legal del municipio explicó que «para cualquier tipo de construcción, no solo en un Área Natural Protegida, es imperativo contar con la habilitación correspondiente antes de iniciar las obras”.

En un acto de desobediencia a las normas, esta construcción se llevó a cabo sin los permisos necesarios que desencadenaron en la intervención del municipio: «Se detectó el trabajo de construcción y, desde la dirección de medio ambiente y la dirección de arquitectura, se los intimó a que paralicen la obra», Sin embargo los inversores decidieron continuar. «La primera notificación les llegó a finales del 2023, cuando la construcción apenas estaba en sus inicios».

Sobre la identidad de los inversores, Urquiaga puso sobre relieve que no era necesario que se hicieran público, y mantuvo la posición fijada desde el Municipio al bloquear cualquier tipo de información que permita identificar a los propietarios de la mansión, aunque trascendió que al menos uno de ellos tendría una relación cercana con una importante histórica familia dedicada a los medios de comunicación impresos con base en la ciudad. 

Además, el abogado fue muy claro con respecto de la sentencia del Juzgado de Faltas, que por la violación descarada de las normativas vigentes, se le impuso un plazo de 60 días para ejecutar la demolición. Pese a las notificaciones, la sentencia y la repercusión pública que tomó la medida, los propietarios se mantuvieron en silencio, sin acercarse al área de Asuntos Jurídicos del municipio.

Pese a la justificación con fines turísticos, que publicó un medio regional, y los puestos de trabajo que generaría el proyecto, hay un antecedente histórico en relación a la radicación de emprendimientos en Paso Córdoba, entre 1999 y 2000, la prestigiosa bodega Escorihuela decidió invertir en el área 8 millones de dólares. En aquel momento había adquirido un pliego para acceder a 300 hectáreas que subastaba el municipio, sin embargo el proyecto no prosperó por la falta de autorizaciones al no encajar dentro de lo reglamentado en la Ley de Área Natural Protegida y las ordenanzas locales que regulan la utilización de esas tierras.