Un adolescente que no convive con sus padres requirió que le abonen una cuota alimentaria para permitirle continuar sus estudios a nivel secundario. El menor está al cuidado de un familiar cercano. La defensa pública lo representó en la mediación.

El joven cursa en una escuela secundaria y se acercó a una sede de la defensa pública para asesorarse sobre la posibilidad de reclamar alimentos a su favor. El chico contó que no convivía con ninguno de los dos progenitores y que vivía con una familiar cercana.

Los métodos autocompositivos de resolución de conflictos (MARC) permitieron a los protagonistas encontrar puntos en común y soluciones acordes a las necesidades y posibilidades de los mismo en los encuentros. Desde el ámbito judicial destacaron que es una de las formas más efectivas de solucionar los conflictos y las que registran una mayor cantidad de cumplimientos de los acuerdos.

De esta forma, se le asignó a un defensor MARC y se hizo un requerimiento de mediación, que tuvo lugar en uno de los centros especializados de Río Negro.

El trabajo de la mediadora a cargo del encuentro fue fundamental para alcanzar acuerdos. Tanto el hijo, como su madre y su padre pudieron escucharse, plantear sus puntos de vista y sellar un acuerdo que se comenzará a ejecutar desde el mes próximo.

La buena voluntad de todos los participantes, permitió brindar una respuesta al adolescente que sea sostenido a largo plazo. De esta forma, su padre abonará el equivalente al 70% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) cuando se encuentre sin trabajo registrado (como ocurre actualmente) o un 15% de su sueldo cuando cuente con trabajo registrado.

Por su parte, su madre abonará el equivalente a un 10% del salario mínimo vital y móvil y lo hará aportando productos en especie, es decir, elementos comestibles que ella vende para subsistir.

En ese mismo encuentro, también la mujer y el hombre pudieron acordar el pago de los alimentos en favor de un hermano menor del adolescente requirente que vive actualmente con su madre.

De esta forma, el progenitor deberá abonar también un 70% del monto equivalente al salario mínimo vital y móvil o un 20% de su sueldo cuando el mismo trabaje en relación de dependencia de forma registrada.