Un joven trabajador de una frutícola en Roca sufrió una caída desde una escalera mientras realizaba labores de poda, resultando en una fractura en su muñeca derecha. A pesar de la gravedad de la lesión, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) no autorizó la cirugía recomendada por su traumatólogo, lo que empeoró su estado físico y mental.

El accidente ocurrió a los ocho días de que el trabajador comenzara en su puesto. Mientras se encontraba en el peldaño 12 de una escalera, perdió el equilibrio y, en un intento por evitar la caída, se sujetó de una planta. Este movimiento brusco provocó la fractura, que, sin la intervención médica adecuada, derivó en complicaciones que requirieron una segunda operación.

Además de las secuelas físicas, el trabajador comenzó a experimentar episodios de angustia y depresión, pero la ART se negó a reconocer la conexión con el accidente y rechazó cubrir el tratamiento psicológico. Ante la negativa de la aseguradora, el joven apeló varias veces, hasta que una pericia médica determinó que había quedado con una incapacidad física irreversible del 20% en su mano derecha.

Una evaluación psicológica también concluyó que el estado del joven había empeorado debido a la interrupción del tratamiento, lo que resultó en una incapacidad mental del 20%. En su demanda, el trabajador argumentó que las secuelas podrían haber sido menores o incluso evitadas si la ART hubiese autorizado el tratamiento médico de manera oportuna.

Ante las pruebas presentadas, la Cámara Segunda del Trabajo de Roca falló a favor del trabajador, dictaminando que la incapacidad laboral parcial y permanente alcanzaba el 43,21%. Como resultado, la ART fue condenada a pagar una indemnización millonaria por los daños sufridos, así como a cubrir todos los tratamientos psicológicos y psiquiátricos necesarios para el trabajador, hasta que se logre su recuperación completa o mientras persistan los síntomas incapacitantes.