El Gobierno Nacional de Argentina, encabezado por el Presidente de la Nación, ha promulgado un decreto que redefine la fórmula de movilidad jubilatoria en el país. Esta medida busca abordar una de las principales críticas hacia el sistema anterior, que era la incapacidad para proteger a los adultos mayores frente al riesgo inflacionario.

Mediante este nuevo decreto, los ajustes de los haberes de los jubilados y pensionados estarán vinculados directamente a las variaciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, se espera que la movilidad basada en el IPC garantice una actualización más precisa y justa de los haberes de los jubilados, evitando la pérdida de poder adquisitivo frente a los aumentos de precios en la economía.

 

Además de esta modificación fundamental en la fórmula de movilidad, el decreto incluye medidas extraordinarias para mitigar los efectos negativos de la transición hacia el nuevo sistema. Se establece un incremento extraordinario del 12.5% sobre los haberes correspondientes al mes de marzo de 2024, seguido de adelantos incrementales de la movilidad correspondiente a los meses siguientes. El objetivo de estas medidas es garantizar que los adultos mayores no sufran una disminución en sus ingresos durante el período de transición hacia el nuevo sistema.

La urgencia de esta acción radica en la grave situación que enfrentan los adultos mayores en Argentina, quienes han experimentado una notable pérdida de poder adquisitivo debido a la fórmula de movilidad anterior. La falta de un ajuste adecuado de las prestaciones en relación con el aumento del costo de vida ha generado una creciente litigiosidad y malestar entre los beneficiarios del sistema previsional.