Una pareja de adultos mayores que vive en un campo en las afueras de General Roca, gracias a un amparo, logró que la Justicia obligara al municipio a reanudar la provisión de agua potable, un servicio vital que les fue suspendido durante dos meses.

El conflicto se desató cuando la Municipalidad de General Roca decidió interrumpir la entrega de agua que había mantenido durante 19 años, alegando la falta de documentación actualizada. Esto llevó a un hombre, de 72 años, a presentar un amparo en la Justicia, quien reconoció la gravedad de la situación y ordenó la reanudación inmediata del servicio.

La pareja, que reside en el paraje «Puesto Los Caballitos» a unos 40 kilómetros de Roca, cría gallinas, corderos, chivos y caballos, animales que también se vieron afectados por la falta de agua. Ante esta situación, vecinos del lugar les llevaron algunas botellas con agua para que puedan abastecerse, ya que a la pareja le resulta muy difícil buscar agua por sus propios medios.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro respaldó la decisión de la Cámara Primera del Trabajo, rechazando el recurso de apelación del municipio. El fallo enfatizó que la provisión de agua es un derecho humano esencial, y que el municipio no podía desconocer su responsabilidad tras casi dos décadas de prestar el servicio de manera ininterrumpida.

En su defensa, la municipalidad afirmó que la Cámara había incurrido en arbitrariedad al decidir sobre una cuestión que no integraba el proceso original, y que su mandato estaba limitado a la ejecución de la sentencia previa, la cual no mencionaba si la provisión de agua debía ser gratuita u onerosa. Sin embargo, la Defensora Oficial del amparista argumentó que, dado el contexto socioeconómico de los afectados, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, la provisión gratuita de agua era una necesidad básica y su cobro pondría en riesgo su salud y bienestar.

Este argumento fue considerado por la Cámara como suficiente para mantener la gratuidad del servicio, dado que la negativa del municipio carecía de sustento y contradecía su práctica de casi dos décadas.

El fallo de la Justicia ordenó al municipio reanudar la provisión de agua, como así también actualizar los datos socioeconómicos de la pareja y evaluar su situación con urgencia. El tribunal subrayó que, de ser necesario, el municipio podrá buscar definir quién debe asumir los costos del servicio en el futuro, pero no a expensas de la salud y bienestar de los afectados.