El hombre, empleado de la industria petrolera con ingresos significativamente superiores al promedio, solicitó la cesación de la prestación alimentaria cuando su hija cumplió 21 años, aludiendo a su independencia económica. La joven, estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro y con casi la mitad de la carrera aprobada, inició una acción judicial.

Actualmente, la joven depende exclusivamente del aporte económico de su madre y carece de la posibilidad de generar ingresos propios debido al tiempo dedicado a sus estudios. El fallo de la Unidad Procesal 11 de Familia de General Roca reconoce la dedicación y esfuerzo de la estudiante, destacando la carga académica exigente y la necesidad de una contribución económica.

El artículo 663 del Código Civil y Comercial regula estos casos, estableciendo que la obligación de proveer recursos al hijo persiste hasta los 25 años si la prosecución de estudios impide su autosustentación.

Finalmente, a pesar de la ausencia del padre en el proceso judicial, se ordenó el pago mensual del 20% de su salario bruto, descontando sólo las obligaciones legales. Esta obligación financiera estará vigente desde el inicio de la mediación hasta que la hija finalice sus estudios universitarios o alcance los 25 años de edad.