La presión de los loteadores sobre la zona productiva de Fernández Oro, especialmente la ubicada entre la ruta naconal 22 y el río Negro, está llevando al municipio a reaccionar de forma contundente. En ese sentido, se adelantó una drástica decisión: llevarán a juicio también a los compradores de terrenos en las zonas no autorizadas.

Así lo adelantó el asesor legal de la municipalidad orense, Martín Rebagliatti, quien advirtió sobre las maniobras que están realizando los operadores y desarrolladores inmobiliarios de la región. En ese sentido, explicó que como las zonas no están habilitadas para fraccionamientos urbanos, organizan “consorcios de propietarios” que adquieren una chacra.

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En ese contrato, le entregan un croquis donde ubican el terreno que estarían comprando. Pero lo que no avisan, es que pueden estar haciéndose cargo de una deuda millonaria: algunas de esas propiedades tienen pasivos de hasta 200 millones de pesos. Por eso, desde la municipalidad recomiendan a los potenciales compradores verificar la legalidad de los terrenos para evitar ser víctimas de estas estafas.

Rebagliatti aconsejó a los que ya compraron “que aún están a tiempo de salir de la operación. Es preferible perder la inversión inicial de un millón de pesos y no quedarse con una deuda de 200 millones después que en algún momento el municipio va a ejecutar”.

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Pero además adelantó la decisión del municipio de llevar a juicio también a los compradores en áreas productivas. Rebagliatti explicó la preocupación de las autoridades locales y aseveró que existe un consenso de “todo el arco político” para impedir el avance en loteos “donde no está autorizado por ordenanza hacerlo y en ese sentido se han mostrado inflexibles”.

“Para los vecinos que compran, el problema es que que quedan presos de estas estafas y que después tendrán que pagar por la demanda que les realizará el municipio. Las ordenanzas son muy claras y por más interpretación que quieran hacer los abogados, no se puede lotear hacia el sur del canal que divide la ruta nacional 22 y la 65”, sostuvo el asesor jurídico orense.